El Programa Anual de Participación Ciudadana para 2024, aprobado en Consejo de Gobierno el 6 de febrero de 2024, contempla el proceso participativo para abordar el proyecto normativo de la Ley de cambio climático.
El proceso se inicia en mayo de 2024, cuya fase de participación se extiende entre el 9 de mayo y el 9 de junio de 2024, y la de retorno del 10 de junio al 10 de julio de 2024.
El cambio climático es un problema de ámbito global que afecta, en mayor o menor medida, a las distintas partes del planeta. Los informes científicos indican que los impactos del cambio climático están siendo ya de gran importancia en España, debido a la gran vulnerabilidad que presenta la Península Ibérica, siendo Castilla-La Mancha uno de los territorios más vulnerables.
Los distintos escenarios ponen de manifiesto toda una serie de efectos negativos del cambio climático en nuestra Región, en aspectos tan variados como la salud de las personas, la agricultura y ganadería, los recursos hídricos, la actividad cinegética, los espacios naturales y la biodiversidad, y los terrenos forestales, problemas a los que nuestra comunidad autónoma desea hacer frente mediante la aprobación de la Ley de Cambio Climático.
Los objetivos principales de la norma que se plantea son lograr la descarbonización de la economía, así como promover medidas de adaptación tendentes a reducir los efectos del cambio climático en la salud de las personas y en los sistemas ecológicos, favoreciendo el crecimiento económico de la Región. Asimismo, la norma presenta como uno de sus objetivos estratégicos el correcto mantenimiento de las superficies forestales, dado el importante papel que las mismas juegan como sumideros de carbono, teniendo en cuenta el elevado porcentaje que representan respecto al total del territorio de la Región.
Con esta nueva Ley se pretende crear las condiciones adecuadas para lograr un modelo de desarrollo sostenible en Castilla-La Mancha mediante la integración del cambio climático en las distintas políticas sectoriales, contando con la participación de todos los agentes implicados. Esto incluye a los distintos niveles de las administraciones públicas, a las organizaciones sociales y la ciudadanía en su conjunto, en especial aquellos sectores más vulnerables.
