Los Servicios Sociales de Atención Primaria constituyen el primer nivel de atención del Sistema Público de Servicios Sociales. Se estructura en áreas y zonas para que la ordenación de estos servicios ofrezca una mayor cobertura a la población en sus necesidades básicas.
Por un lado, existen las zonas del Plan Concertado, constituidas por los municipios con una población superior a los 3.500 habitantes, suscribiendo los ayuntamientos un convenio marco con la Consejería de Bienestar Social. Se ha incrementado tanto la aportación financiera a los municipios como ampliado el tiempo de vigencia de los convenios para ofrecer una mayor estabilidad. Por otro lado, las zonas del Programa regional de Acción Social (PRAS), para municipios con una población inferior a los 3.500 habitantes, cuentan con un/a trabajador/a social contratado por la Consejería, que atiende a un grupo de municipios.
La dotación de las estructuras básicas de servicios sociales es un aspecto fundamental. Castilla-La Mancha cuenta con un profesional por cada 2.200 habitantes en 2023. Una ratio que ha mejorado desde las cerca de 3.600 de 2012 y las 2.760 de 2017. No obstante, es un aspecto a seguir reforzando. El índice de desarrollo de los servicios sociales de 2024, que elabora la Asociación de Directores de Servicios Sociales, arroja un índice de 5,98, el mejor valor desde 2012 y establece una ratio de un profesional por cada 2.127 habitantes, lo que supone un descenso progresivo, aunque sigue siendo superior a la media nacional.
En este sentido, en abril de 2023, el Gobierno regional destina 4 millones de euros para contratar a 48 profesionales que refuercen la protección de la infancia y la adolescencia ante la violencia. Por otro lado, se han reforzado los servicios sociales además de la creación de 24 equipos que dan cobertura a todos los municipios, compuestos de psicóloga y trabajadora social.
En cuanto a los tiempos de gestión de los servicios sociales, podemos destacar el tiempo medio de tramitación de los expedientes de dependencia. Castilla-La Mancha es la quinta comunidad autónoma que tarda menos tiempo en tramitarlos. Desde que se presenta la solicitud hasta la resolución de grado transcurren 110 días y otros 56 días hasta que se resuelve la prestación, con lo que en total la gestión requiere 166 días, casi la mitad de tiempo que se utiliza en el promedio nacional que supone 320 días. Estos datos son los correspondientes a mayo de 2026. Al comienzo de la legislatura, en julio de 2023, los tiempos eran de 126 días hasta la resolución de grado y 66 días hasta la resolución de prestación, es decir un total de 185 días, inferior a la media de comunidades autónomas de 326 días. Esto supone, que se ha hecho un esfuerzo en agilización, reduciendo los plazos de tramitación en 19 días por expediente en la región frente a los 6 días que ha descendido en la media nacional.
En abril de 2024 se publica la Orden que establece los nuevos criterios de financiación para la suscripción de convenios con las entidades locales para la prestación de servicios sociales de atención primaria, que mejora los precios de referencia para la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
En octubre de 2025 se llevan a cabo las jornadas anuales, en el que las y los profesionales del sistema público de servicios sociales de Castilla-La Mancha pudieron debatir y trabajar sobre los retos de futuro de los servicios sociales.
En junio de 2026, el número de profesionales de al frente de los servicios sociales de Atención Primaria alcanza los 1.043 y se superan los 6.000 auxiliares de ayuda a domicilio.
