Rigor y estabilidad de las cuentas públicas
Para poder exigir a las autonomías sacrificios, primero el Estado tiene que cumplir con la obligación de un nuevo sistema de financiación autonómica. Eso va por delante. En este reto, no solo pediré, sino que entiendo que tendré el consenso de toda la Cámara.
El Gobierno regional participa en la Comisión General de las comunidades autónomas celebrada el 28 de noviembre de 2023, donde el consejero de Hacienda, Administraciones Púbicas y Transformación Digital destaca la necesidad de que el nuevo modelo de financiación sea abordado, de manera multilateral, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El 11 de diciembre de 2023 se celebra un Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que el consejero solicita que se ponga en marcha un fondo transitorio hasta que se negocie un nuevo modelo de financiación autonómica que beneficie a aquellas regiones que, en términos de población ajustada, están infra financiadas.
Además, en el transcurso del pleno de las Cortes regionales del 8 de febrero de 2024, se aprueba la resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista instando al Gobierno de Castilla-La Mancha a que urja al Gobierno de España a aprobar un nuevo modelo de financiación adecuado para Castilla-La Mancha.
Con fecha 26 de septiembre de 2024, el Pleno de las Cortes regionales aprueba una nueva resolución, a instancia del Grupo parlamentario socialista para pedir al Gobierno regional que eleve y urja al Gobierno de España la necesidad del nuevo modelo de financiación que garantice la suficiencia financiera así como la aprobación del fondo transitorio para las comunidades autónomas infra financiadas. Resoluciones similares se han aprobado en debates sobre financiación autonómica celebradas en las Cortes regionales durante el año 2025.
También, el Gobierno regional ha reclamado a la vicepresidenta primera del Gobierno de España, mediante una carta remitida en julio de 2025, que convoque de manera urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que las comunidades de régimen común puedan conocer la documentación técnica que ha sustentado el acuerdo de la Comisión Bilateral celebrada días antes entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, en relación a una posible financiación singular de esta comunidad autónoma y que afecta directamente a las bases del nuevo modelo de financiación autonómica.
El 14 de enero de 2026 se celebra un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que la vicepresidenta primera del Gobierno central expone a las personas responsables de las comunidades autónomas las bases de la propuesta para un nuevo modelo de Sistema de Financiación Autonómica. El Gobierno regional ha mostrado su rechazo al nuevo modelo, al que se califica como injusto y regresivo, al consagrar el principio de ordinalidad en detrimento del principio de igualdad.
Asimismo, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al Ejecutivo central una compensación a través del fondo de suficiencia, como consecuencia de las medidas que adoptó el Estado en relación al IVA en materia energética.
También, el presidente de Castilla-La Mancha participó en el III Foro Económico de El Español, celebrado en Toledo el 6 de marzo de 2024, en el que avanzó la intención de solicitar al Gobierno central que, en el marco de la siguiente Conferencia de Presidentes, se busque un acuerdo de Estado que incluya el compromiso de no aprobar normativa alguna con gasto inducido a las comunidades autónomas. Esta petición se materializa en la carta enviada por el presidente García-Page al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con fecha 4 de abril de 2024.
En esta misma línea, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha expuesto, en en el marco tanto de las XII Jornadas RIFDE como en la Jornada sobre ‘Financiación autonómica y comunidades infrafinanciadas’, organizada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas en Sevilla, ambas celebradas en mayo de 2025, la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha ante un sistema de financiación que debía haberse revisado y que ningún Gobierno central ha querido abordar, y que claramente perjudica a nuestra comunidad autónoma.