El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene entre sus objetivos marcados en el ámbito de las políticas de Consumo la aprobación de la Ley de Garantías y medidas para la resolución de conflictos en materia de consumo, un proyecto normativo que avanzó en su definición en la legislatura 2019-2023 y que sigue dando pasos para convertirse en realidad a lo largo de la legislatura 2023-2027. En este sentido, en marzo de 2021 el Gobierno regional elevó a consulta pública la elaboración de este proyecto de ley que, desde entonces, ha venido sumando los distintos informes preceptivos.
Así, los objetivos de esta norma son determinar el marco jurídico general aplicable a los métodos alternativos en materia de consumo; regular el procedimiento para la acreditación de las entidades de resolución alternativa de conflictos y las obligaciones que deben asumir; y garantizar el conocimiento por las personas consumidoras de la existencia de entidades de resolución alternativa de litigios de consumo acreditadas, mediante el establecimiento de la obligación de información de las empresas y la actuación de las Administraciones Públicas competentes.
En julio de 2024, se publica en el BOE el Real Decreto 713/2024 por el que se aprueba el Reglamento que regula el Sistema Arbitral de Consumo, para acomodarlo a las nuevas normas aprobadas, tanto de la UE, como de caracter nacional. En particular, la adecuación a la Ley 39/2015 de procedimiento admnistrativo, en tanto en cuanto las Juntas Arbitrales de Consumo son órganos de naturaleza administrativa, así como a lo establecido en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.
En febrero de 2025 se inicia un proceso participativo para elaborar la carta de servicios de la Junta Arbitral de Consumo, un procedimiento para solucionar extrajudicialmente los litigios entre personas consumidoras y empresas de bienes o servicios. Finalizó el 1 de abril.
En abril de 2025, se publica el convenio suscrito por Castilla-La Mancha y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para el desarrollo del arbitraje de consumo.
Cabe destacar que los trabajos para la aprobación de la ley se han supeditado a la aprobación de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que, entre otros aspectos regula los medios adecuados de solución de controversias, con su consiguiente implicación para la resolución de los litigios en el ámbito del consumo.
Asimismo, desde el Observatorio de Consumo de Castilla-La Mancha se ha puesto en marcha un estudio, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, para evaluar cómo se trasladan las medidas incluidas en la citada Ley Orgánica a las mediaciones que se llevan a cabo a través de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor.
Por último, la reforma del Estatuto de las Personas Consumidoras, aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha en abril de 2026, incluye un nuevo régimen sancionador en materia de consumo.
