El Gobierno regional está trabajando en una Ley de Integridad Pública que contempla la creación de una Oficina de Integridad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El borrador de la Ley centraliza en un único órgano administrativo, denominado Oficina de Integridad, las funciones correspondientes a la promoción e impulso de la integridad pública y buen gobierno en el ámbito de la Administración Regional. Se encarga igualmente de la gestión de los registros de actividades, y de bienes y derechos patrimoniales de las personas que ostentan cargos públicos o asimilados en la Administración de la Junta y en los organismos y entidades de su sector público, así como efectuar las verificaciones y controles precisos sobre los extremos e información objeto de inscripción, declarada por aquellos.
También se residencia en la Oficina de Integridad la gestión de la tramitación de los procedimientos de inscripción, modificación, suspensión y cancelación del Registro de Grupos de interés de Castilla-La Mancha, así como la recepción, custodia y publicidad de las declaraciones de adhesión al Código Ético de las/los altos cargos y asimilados de la Administración de la Junta además de la supervisión y seguimiento de la publicación de las agendas de trabajo de aquellos/as.
Además, se incluye la obligatoriedad de quienes integran el Consejo de Gobierno de presentar una declaración de patrimonio en el mismo momento de la convocatoria electoral para comprobar que no exista un incremento de patrimonio irregular durante el tiempo que hayan ejercido ese cargo público. También se contempla que las personas que ostentan altos cargos se abstengan en la toma de decisiones que puedan favorecer a empresas o entidades privadas en las que pueda haber un conflicto de intereses que puedan condicionar la toma de la decisión. Esta abstención ha de ser comunicada a la Oficina de Integridad, herramienta de control y vigilancia, para que conste en el registro de actividades del cargo en cuestión.
La tramitación de la Ley comenzó en julio de 2021 con la publicación de una consulta pública previa. En julio de 2022 se desarrolla un periodo de información pública. El 26 de diciembre de 2023, el Consejo de Gobierno toma en consideración el texto del anteproyecto de Ley. El 2 de abril de 2024 el Consejo de Gobierno aprueba el Proyecto de Ley y lo remite a las Cortes regionales para su tramitación parlamentaria.
