El Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por la atención a las personas con discapacidad. Frente a los 99,3 millones de euros presupuestados en 2015 para esta área de intervención, se llega a los 101,1 millones en 2016, 104,9 en 2017 y 108,3 en 2018. La dotación aumenta año a año y está permitiendo, entre otras cosas, incrementar las plazas especializadas para la atención a la discapacidad en más de 800, distribuidas en recursos y servicios de atención temprana, atención residencial, centros de día o integración laboral.
De forma más concreta destaca, por ejemplo, que:
Se recupera la financiación pública para el Centro Ocupacional de Nerpio, en la provincia de Albacete, triplicando el presupuesto destinado a los Servicios de Capacitación en esta legislatura, pasando de 607.000 euros en 2014 a 2 millones de euros en 2018. Los Servicios de Capacitación han pasado de dos en 2014 a 12, en los que el Gobierno regional ha atendido a más personas, cerca de 800 frente a las 235 de 2014. Además trabajan en ellos 68 profesionales de forma directa.
Se ha puesto en marcha la primera unidad residencial para personas con parálisis cerebral en Ciudad Real, gestionada por la entidad ASPACECIRE.
La inauguración del Centro Residencial para Personas con Grave Discapacidad (CADIG) `Aurelio de León´ en Talavera de la Reina, con capacidad para 48 plazas residenciales y 10 más de centro de día.
La puesta en funcionamiento de 7 nuevos recursos de atención temprana en Manzanares, Campo de Criptana, Toledo, Cuenca, Alcaraz, Cabanillas del Campo y Yuncler, y las mejoras en otros 20, que permiten incrementar la atención a 1.000 niñas y niños con respecto 2014.
En definitiva, la red pública dispone de más de 250 centros o dispositivos que atienden a 1.000 personas con discapacidad en centros de día; 2.000 en viviendas o centros residenciales y 3.000 en centros y servicios que fomentan la inserción laboral.
Además, tras casi dos años de preparación, se ha aprobado la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para las personas con discapacidad, lo que permite garantizar por Ley la protección de más de 36.000 personas con discapacidad.
