El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando en la aprobación de una Ley de Calidad Agroalimentaria. La consulta pública del borrador del anteproyecto se realizó en el año 2020, y se recibieron dos aportaciones.
El 21 de mayo de 2026 da comienzo el proceso participativo, cuya fase de participación se extiende hasta el 8 de junio y la fase de retorno hasta el 30 de octubre.
El objetivo de la nueva Ley de Calidad Agroalimentaria en tramitación es modernizar el marco normativo del sector, adaptándolo a las necesidades actuales, reforzar la competitividad de los productos agroalimentarios de la región, garantizar la transparencia y trazabilidad en toda la cadena alimentaria, y ofrecer mayores garantías a las personas consumidoras.
Principales novedades:
- Reconocimiento y regulación de entidades de control independientes, para velar por el cumplimiento de los requisitos de calidad y evitar la competencia desleal.
- Mayor protección a las personas consumidas, con normas que refuerzan la seguridad alimentaria y la información veraz sobre el origen y calidad de los productos.
- Impulso a la promoción comercial de los productos con calidad diferenciada y apoyo a su internacionalización.
- Además de promover nuevas figuras de calidad de las reguladas a nivel europeo -Denominación de Origen Protegida, Indicación Geográfica Protegida, Especialidad Tradicional Garantizada y producción ecológica-, buscar nuevas fórmulas de diferenciación del producto, mediante la utilización de marcas regionales que lo pongan en valor.
- La producción artesana, los canales cortos de comercialización, los mercados locales, son opciones para pequeñas producciones y para productos de determinadas zonas que tienen difícil acceso a vías convencionales de comercialización.
Otro objetivos clave es el refuerzo de los mecanismos de control, tanto los ejercidos directamente por la Administración como aquellos delegados en entidades de control, con el fin de incrementar las garantías tanto para el consumo como para en el proceso de producción.
Para ello, se contemplan varias líneas de actuación:
- Fortalecimiento del control público, con un refuerzo específico de la labor que realizan la Inspección de la Administración regional.
- Mejora del control delegado, asegurando una supervisión más rigurosa y eficaz sobre las entidades a las que se ha encomendado la certificación de figuras de calidad.
- Impulso a la trazabilidad, a través de nuevas herramientas informáticas y una mayor integración de los sistemas de control a lo largo de toda la cadena alimentaria. Ejemplos concretos son el Registro Electrónico de Controles (REC), la informatización de los libros de bodegas o la digitalización del control de movimientos de mostos.
- Y, por último, regulación de los órganos de gestión de las figuras de calidad.
Esta ley refuerza el papel estratégico del sector agroalimentario en la economía de Castilla-La Mancha.
