El Ejecutivo ha elaborado un Plan de Choque para la Junta Arbitral de Consumo, que aporta un nuevo impulso a la resolución extrajudicial de conflictos y diferencias en temas de derechos del consumidor. Así se refuerza la mediación y el diálogo como herramienta de entendimiento entre empresarios y consumidores.
Durante la pasada legislatura, de promedio por cada 1000 solicitudes de arbitraje recibidas quedaban sin tramitar 140, lo que generó un acumulado pendiente de 934 solicitudes. En lo que va de legislatura, el promedio de tramitación se ha duplicado por lo que de cada 1000 solicitudes de arbitraje se vienen tramitando 1.725; es decir, no sólo se tramita todo lo que se presenta en los plazos previstos, sino que además el número de solicitudes pendientes que se acumulaban del pasado, se ha reducido en un 57%, lo que implica que a al ritmo actual a lo largo de 2017 podrían, prácticamente, quedar compensados los retrasos previos que se fueron acumulando durante la legislatura anterior y que ha supuesto que algunos de los consumidores que plantearon su solicitud hayan tenido que esperar años para su tramitación.
Desde la reestructuración de la Junta Arbitral de Consumo en 2016 se ha priorizado la resolución extrajudicial de conflictos a través de la mediación previa al arbitraje, a efectos de dar sostenibilidad al sistema tras la paralización y colapso de la Junta Arbitral de Consumo durante la pasada legislatura. Esta priorización explica el número decreciente de expedientes tramitados pero que ha posibilitado la recuperación de la actividad normalizada del sistema y la reducción de los plazos de tramitación según lo previsto.
El número de expedientes de arbitraje que se tramitaron en 2016 fue de 715, en 2017 descendió hasta los 414 y en 2018 a fecha de noviembre se han tramitado 368. Lo que hace un total acumulado desde la reestructuración de la Junta Arbitral de 1497 expedientes.
La provincia con más expedientes tramitados ha sido Albacete con 533 desde 2016, 392 la provincia de Toledo, 292 la provincia de Cuenca y con 165 cada una las provincias de Guadalajara y Ciudad Real.
Además se suscribió un convenio de colaboración con Autocontrol de la Publicidad y contactos con otras Entidades para establecer acuerdos de colaboración que redunden en la mayor protección de los derechos de consumidores y usuarios.
En noviembre de 2018 son 12242 el número de empresas adheridas al arbitraje de consumo desde comienzo de esta medida, en lo que va de legislatura se han sumado 176 nuevas empresas a este sistema de resolución de conflictos.
El 21 de marzo de 2019, las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado, por unanimidad, la Ley de Derechos de las Personas Consumidoras de Castilla-La Mancha, con un texto que sitúa la defensa de los consumidores de la región a la vanguardia en todo el territorio nacional y siendo un referente a nivel europeo.
