El Gobierno regional, tras meses de interlocución con distintas entidades y organismos representativos en materia de consumo, ha presentado el borrador de la normativa de actualización del vigente Estatuto del Consumidor, en el cual se incluyen medidas cautelares y de compensación a las personas consumidoras articulando los procesos de devolución de cuantías y resarcimiento de daños.
El 14 de marzo de 2017, en el seno del Consejo Regional de Consumo y ante las entidades y organismos representados en este espacio, se presenta públicamente el anteproyecto de Ley de los Derechos de las Personas Consumidoras, la nueva normativa que ha de tomar el relevo al vigente Estatuto del Consumidor. Este proyecto avanza en los mecanismos de defensa de los derechos de las personas consumidoras, así como en los mecanismos de compensación de daños, aspecto en el que el Estatuto del Consumidor queda insuficientemente desarrollado.
El documento del anteproyecto de Ley contempla en su Sección tercera el articulado sobre la protección jurídica, administrativa y técnica. También incluye el abordaje de la indemnización y reparación de daños reconociendo el derecho de la ciudadanía a la compensación efectiva o la devolución de cantidades indebidamente abonadas, entre otras cosas, en sintonía con la legislación vigente en materia de consumo.
Tras el periodo de consulta pública, el Consejo de Gobierno acuerda el 24 de julio de 2018 remitir el texto del anteproyecto al Consejo Consultivo para que sea dictaminado, un requisito previo antes de pasar el trámite parlamentario. Tras este dictamen preceptivo, se inicia su tramitación parlamentaria.
El 21 de marzo de 2019, las Cortes de Castilla-La Mancha aprueban por unanimidad la Ley de Derechos de las Personas Consumidoras de Castilla-La Mancha, con un texto que sitúa la defensa de las personas consumidoras de la región a la vanguardia en todo el territorio nacional y siendo un referente a nivel europeo.
Además de trabajar por la actualización del Estatuto del Consumidor y demás normativa relativa al consumo, el Gobierno regional debe dar respuesta a los retos y conflictos colectivos que se plantean en el día a día de la gestión. Fue en junio de 2018 cuando las clínicas iDental cerraron, sin previo aviso, dejando a miles de personas afectadas en toda España. Dado el volumen de afectación, la Audiencia Nacional, concretamente el Juzgado central de Instrucción número 5, asumió la instrucción del supuesto fraude de iDental. En relación con este asunto, la Dirección General de Salud Pública y Consumo asiste a todas las reuniones que se llevan a cabo en la Audiencia Nacional y se pone a disposición de los requerimientos que indica el juez instructor. En Albacete, el Servicio de Consumo tramita, desde junio de 2018, un total de 1.345 reclamaciones y entrega 914 historias a personas afectadas. Se trabaja desde entonces en la defensa de los intereses de las personas afectadas y, fruto de esta implicación en el conflicto, crea la Oficina técnica de atención a personas afectadas por el caso iDental, en la Dirección Provincial de Sanidad de Albacete.
