En el primer año de la legislatura, el Consejo de Gobierno concede al Gabinete jurídico de la Junta autorización para que interponga un recurso contencioso administrativo frente al Real decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de educación primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, aprobado por el Gobierno de España.
Las razones que justifican la interposición del recurso contencioso son:
- La omisión por la Administración General del Estado en la tramitación del Real Decreto del procedimiento legalmente establecido para la elaboración de las normas.
- En el expediente, no consta informe de impacto de género, memoria económica del coste de la prueba para las Comunidades Autónomas.
- Se ha realizado una defectuosa información pública.
- El Consejo Escolar del Estado ha dictaminado una norma que en poco se asemeja a la finalmente aprobada.
- Se ha incluido una disposición transitoria en Real Decreto tras el dictamen del Consejo de Estado.
Todas estas circunstancias, a juicio del Gobierno regional, justifican la presentación del recurso contencioso administrativo por la omisión del procedimiento legalmente establecido y constituyen un vicio de nulidad de pleno derecho.
El proceso continuó a finales de enero de 2016, cuando se presentó un requerimiento al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, contra el Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A pesar de todas estas acciones, nuestra Comunidad ha realizado la evaluación.
Pese a las acciones legales emprendidas, que son la respuesta administrativa a la voz de la calle en contra de la LOMCE, a finales de julio el Gobierno nacional publica el 29 de julio el Real Decreto 310/2016, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, manteniendo las evaluaciones finales y las condiciones respecto a la titulación.
Como respuesta, el Gobierno regional reafirma su oposición a cualquier prueba de final de etapa educativa y ha exigido al Gobierno que retire la prueba final de Bachillerato (reválida) y establezca una prueba única de acceso a la Universidad que tenga validez en todo el Estado, semejante a la selectividad, también se reitera la necesidad de paralizar aspectos segregadores de la LOMCE, tales como que el alumnado de FP básica no tenga acceso a la titulación o la prueba diferenciada ESO para los alumnos de diversificación curricular.
Además, el 27 de septiembre de 2016, el Consejo de Gobierno solicita al presidente del Senado la convocatoria urgente y extraordinaria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas para debatir, estudiar y adoptar los acuerdos que procedan sobre diversas cuestiones que han surgido en el inicio del curso 2016/2017 y que afectan a su desarrollo, vinculadas a la implantación de la LOMCE, y, en particular, las incidencias por la aplicación del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato y que afectan a los alumnos que finalizan las etapas educativas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Para la Consejería de Educación, Cultura y Deportes era preciso incidir en la reducción de estándares de aprendizaje. Por otro lado, se ha colaborado activamente en el proceso de modificación de la LOMCE ya iniciado por el Gobierno central, en 2018 y que se ha concretado en la tramitación y aprobación en 2020 de la nueva Ley de Educación.
