El Gobierno Regional ha exigido una mayor dotación económica para el Fondo de Cohesión Sanitario. Los recursos de este Fondo, permitían hasta ahora, la compensación económica entre las comunidades autónomas por los gastos de asistencia sanitaria a personas que precisaban atención fuera de su comunidad de origen. El Gobierno central ha ido reduciendo esta partida de forma continuada hasta el punto de que en los presupuestos generales para 2016 y 2017 ya no figura asignación alguna para tal fin.
A través de varias cartas a los titulares de la cartera de Sanidad que ha tenido en estos dos años el Ministerio se ha exigido la dotación presupuestaria de esta partida, que permita asumir la compensación de los costes de todas las personas que necesiten por su patología ser atendidas fuera de su Comunidad de origen. Este tema tan importante también fue abordado en la reunión de trabajo entre la actual Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y el Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz.
En la visita de la Ministra de Sanidad, Carmen Montón, a Castilla-La Mancha se han abordado temas de interés común para ambas administraciones: financiación sanitaria, la necesidad de buscar la vía de asegurar el principio de libertad de movimientos de los pacientes en el Sistema Nacional de Salud que sin lugar a dudas pasa por la recuperación del Fondo de Cohesión Sanitaria, etc...
Igualmente se solicita al Gobierno central que este asunto sea debatido y consensuado en la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, foro de trabajo que reúne en la misma mesa al Ministerio de Sanidad y a todas las Comunidades Autónomas.
Tras los recientes cambios en la titularidad del Ministerio de Sanidad se ha reunido el Consejo Interterritorial. En su último encuentro celebrado el paso 15 de noviembre de 2018 bajo la presidencia de la nueva titular Maria Luisa Carcedo, Castilla-La Mancha ha mantenido la reivindicación de una correcta financiación, la dotación presupuestaria del Fondo de Cohesión Sanitaria y la necesidad de un reparto económico justo ante otras propuestas distintas lanzadas desde otras Comunidades autónomas.