El Gobierno regional ha elaborado la orden de creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal de varias consejerías para continuar procurando seguridad y protección a los usuarios en sus relaciones con la Administración Pública.
Además, ha regulado en 2016 el uso del sistema de código seguro de verificación para la identificación y la autenticación de las actuaciones administrativas automatizadas de la Intervención General relacionadas con las comunicaciones electrónicas con ciudadanos y empresas; la generación y emisión de certificados y documentos administrativos electrónicos; y de sus copias electrónicas.
Por otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha garantiza por ley la confidencialidad de las comunicaciones y la protección de datos personales en relación a las llamadas al 112. Las llamadas se conservarán durante el tiempo suficiente para gestionar la emergencia o incidente y hasta un plazo de dos años desde que se cierre el incidente, salvo que esté en curso un proceso judicial sobre el mismo.
Asimismo, Castilla-La Mancha se ha convertido en la primera comunidad autónoma española en adherirse al sistema de identificación de la Administración General del Estado, conocido como Cl@ve, la plataforma común del sector público administrativo estatal para la identificación y firma electrónica.
Para optimizar la implantación de este sistema, se ha creado el sello electrónico de la Junta como sistema de firma electrónica para identificar y autentificar la actuación administrativa automatizada de los órganos de la Administración regional y se ha reforzado el procedimiento de obtención y utilización de la firma electrónica de los empleados y empleadas de la Junta.
El Decreto por que se regula la contratación electrónica del sector público regional, aprobado en mayo de 2018, establece la utilización del sistema de código seguro de verificación en actuaciones administrativas dentro del gestor electrónico de expedientes de contratación, tanto para las automatizadas como para la producción de firmas electrónicas del personal y autoridades que intervengan en el proceso de contratación.
Por otro lado, el Gobierno regional ha adaptado la estructura orgánica y competencial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas a la normativa vigente en materia de seguridad y protección de datos de carácter personal en el ámbito de la administración electrónica.
