A lo largo de la legislatura, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha ido incluyendo nuevos planes de control financiero de los distintos organismos y entes que conforman el sector público regional, al objeto de comprobar la situación y el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de dichas entidades.
De este modo, se ha incrementado en un 30% el número de informes y controles en materia de auditoría de dichos organismos y entes y se ha aumentado en un 15% el personal destinado a tales labores, pasando de 28 trabajadores en 2015 a 32 empleados, en 2019.
También, se ha ampliado la publicación de los indicadores de gestión económico-financiero de la Junta en relación a los costes en materia de ingresos fiscales, recursos humanos, arrendamientos de inmuebles e inversiones públicas.
En materia de tributos, el Gobierno regional ha dotado a la Administración Tributaria Regional de diferentes áreas que tienen entre sus competencias el elaborar e implementar estudios analíticos de costes con el objetivo de optimizar los recursos que constituyen la infraestructura sobre la que se asientan los servicios informáticos de la Administración Electrónica Tributaria.
Por otro lado, mediante la modificación del Reglamento del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, llevado a cabo por el Gobierno regional en julio de 2018, se ha clarificado y unificado la normativa actual en esta materia por razones de necesidad, seguridad jurídica y eficiencia y para lograr un óptimo rendimiento de los recursos públicos.
