El Gobierno de Castilla-La Mancha incorpora medidas en el ámbito presupuestario para evaluar el impacto que el gasto público pueda tener sobre la creación de empleo, como la necesidad de elaborar memorias justificativas de contratos, convenios y otros instrumentos por parte de todas las entidades pertenecientes al Sector Público regional o el control financiero de los distintos organismos y entes, al objeto de comprobar que su gestión se ajusta a los principios de eficacia, eficiencia y economía y buena gestión financiera.
También, se establece en las órdenes de ejecución presupuestaria, aprobadas por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, la obligación de que entidades, empresas, fundaciones y consorcios pertenecientes al sector público regional remitan informe-propuesta sobre la necesidad de contratación de personal laboral temporal o funcionariado interino a la dirección general con competencias en materia de presupuestos, la cual ha de emitir informe preceptivo y vinculante al respecto.
Por otro lado, desde la Intervención General de la Junta se lleva a cabo el control financiero del área de gastos de personal de la Administración regional.
