El Gobierno de Castilla-La Mancha considera que las regiones deben participar en las decisiones que se adopten relativas a la capacidad normativa del Estado y de las Comunidades Autónomas en relación con los impuestos fundamentales, así como colaborar en la lucha contra el fraude fiscal, de tal manera que las administraciones sean capaces de incrementar la recaudación sin necesidad de aumentar la presión fiscal individual de los contribuyentes.
En ese sentido, el Gobierno de Castilla-La Mancha colabora activamente con el grupo de trabajo de intercambio de información tributaria relativa al suministro de estadísticas de determinados tributos cedidos, constituido entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el resto de comunidades autónomas, con el ánimo de lograr un mejor control tributario.
Además, Castilla-La Mancha ha sido la primera comunidad autónoma en realizar las modificaciones informáticas y procedimentales precisas para ajustarse a la nueva adenda al convenio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de la comunidad autónoma, con el ánimo de mejorar la gestión y la coordinación entre las dos Administraciones en esta materia.
Por otro lado, en el marco de la VI Conferencia de Presidentes, celebrada en enero de 2017, el presidente de Castilla-La Mancha ha planteado que se proceda a realizar una armonización fiscal de los impuestos cedidos a las autonomías para reducir las diferencias y evitar la competencia fiscal.
A este respecto, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha trasladado a los grupos parlamentarios la visión del Gobierno regional de cuál debería ser la participación de Castilla-La Mancha en la Agencia Tributaria en relación a las decisiones que se adopten en la lucha contra el fraude fiscal.
También, las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado, en el marco del Debate sobre el Estado de la Región de 2017 celebrado en octubre de ese año, una resolución para instar al Gobierno de la Nación a establecer los mecanismos necesarios para evitar el “dumping fiscal” y la competencia desleal entre Comunidades Autónomas.
Por último, en el marco de la declaración institucional firmada en Zaragoza en el mes de septiembre de 2018 por los presidentes de seis comunidades autónomas, entre las que se encontraba el presidente García -Page, se insta al Gobierno de España a redefinir una ordenación tributaria que fomente la corresponsabilidad fiscal, y que evite las situaciones de competencia desleal entre regiones.
