Los Servicios Sociales de Atención Primaria forman parte del Marco de Concertación con las Corporaciones Locales que el Gobierno de Emiliano García-Page ha puesto en marcha en esta legislatura en colaboración con los ayuntamientos y que ha supuesto una apuesta importante del Ejecutivo regional para garantizar, mantener y afianzar los Servicios Sociales en colaboración con las entidades locales. El presupuesto del Marco de Concertación para la prestación de los Servicios Sociales en colaboración con las entidades locales se ha incrementado un 21 por ciento, de modo que el presupuesto en 2018 asciende a 57,7 millones de euros frente a los 47,5 del año 2015, con ello el Gobierno de Castilla-La Mancha atiende a unas 570.000 personas a través de los Servicios Sociales de Atención Primaria, lo que representa el 28 por ciento de la población de la región.
Los Servicios Sociales de Atención Primaria han incrementado significativamente la financiación y el número de profesionales con el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha, que en menos de dos años, ha vuelto a garantizar la cobertura del 100 por cien de las plazas de los profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria. Se han creado 65 equipos técnicos de Inclusión, que han contado con la incorporación de 101 profesionales del área social (educación social, psicología, trabajo social, y auxiliares administrativos) y están financiados por el Fondo Social Europeo.
Con este nuevo marco de concertación se unifican los distintos convenios que se venían formalizando con las Corporaciones Locales en materia de Servicios Sociales de Atención Primaria en un único convenio que aglutina las distintas prestaciones técnicas que se venían financiando, lo que supone un paso más en la simplificación de procedimientos y agilización de trámites en el marco del Plan que al respecto se ha aprobado por el Gobierno regional, así como afianzar la Atención Primaria, dotándola de mayor estabilidad financiera.
Además, en desarrollo del nuevo marco de concertación, se han definido unos criterios objetivos en base a los cuales se fija la financiación de los convenios para la prestación de Servicios Sociales de Atención Primaria que permite unificar y homogeneizar la financiación a nivel regional y constituye una garantía de derecho para las Entidades locales suscriptoras de los convenios y rompe con los criterios restrictivos que se fijaron en 2014.
