La titularidad compartida en las explotaciones agrarias es fundamental para facilitar la igualdad entre hombres y mujeres, el empoderamiento de la mujer y, en última instancia, el desarrollo rural dado que éste no es posible si la mujer no goza de buenas condiciones de vida y trabajo en igualdad con el hombre. A 31 de enero de 2020, se contabilizan 180 explotaciones agrarias de titularidad compartida en Castilla-La Mancha, representando casi el 30 % del total existente a nivel nacional.
Desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural se colabora de forma activa con el Instituto de la Mujer en la defensa y promoción de la titularidad compartida en el campo. Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma con mayor número de explotaciones de titularidad compartida de toda España.
Por otro lado, en la convocatoria de ayudas de 2018 para la creación de empresas agrarias por jóvenes agricultores y de apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, el Gobierno regional ha incluido el acceso a la titularidad compartida como modalidad objeto de ayudas.
Alineado con ello, el pasado 28 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, que contiene regulación específica sobre las mujeres rurales, tanto como agricultoras y ganaderas, como en el resto de ámbitos. Entre otros asuntos marca la priorización en las ayudas de las explotaciones cuya titularidad sea compartida o de mujeres.
Esta ley también establece en su articulado el régimen de la titularidad compartida, que está acorde con la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias vigente a nivel estatal en relación al acceso, requisitos, administración, representación, responsabilidad y reparto de rendimientos; además, señala la necesaria inscripción previa en el Registro de titularidad compartida de explotaciones agrarias de la Junta de Comunidades para que pueda ser considerada como explotación de titularidad compartida.
Además, esta ley también establece la obligatoriedad de realizar tareas de promoción y fomento del acceso a la titularidad compartida, mediante campañas informativas.