De cara a fomentar el uso de la factura electrónica, en 2016 se pone en marcha el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas en la Junta de Comunidades (PeCAM), con el fin de facilitar su uso a proveedores de la administración autonómica, con independencia del tamaño de las empresas y de los recursos de que dispongan. Este punto permite facturar electrónicamente a la Junta de forma gratuita y cumpliendo todos los requisitos que la Ley impone.
En tres años, las empresas y entidades usuarias del servicio de facturación electrónica han aumentado un 61,4%, pasando de 7.184 en 2015 a 11.593 en 2018. En 2019, el 97% de la facturación de los proveedores de la Junta se realiza vía electrónica, principalmente a través del PeCAM.
Asimismo, a través de los Planes de simplificación y reducción de cargas administrativas desarrollados desde 2016 y hasta 2021, la Junta ha adaptado a las TIC más de 340 trámites, a los que hay que sumar 23 medidas de simplificación fruto del acuerdo suscrito con CECAM en septiembre de 2016 para hacer más eficiente y eficaz la relación de la Administración regional con las empresas. El 25 de abril el Consejo de Gobierno evaluó el Plan de Simplificación administrativa y reducción de cargas de 2016 y aprobó el relativo a 2017.
En este sentido, se crea el Foro para la Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas para favorecer el ejercicio de la actividad económica en Castilla-La Mancha por Orden 89/2017, de 29 de abril, encargado de adecuar la normativa a los principios de buena regulación económica, establecer mecanismos de colaboración y coordinación entre las administraciones públicas y agentes privados para la simplificación administrativa y la buena regulación de la actividad económica e impulsar la administración electrónica en el ámbito de la actividad económica.
El 23 de febrero de 2018 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha los modelos de propuesta de mejora de la regulación económica y de información de obstáculos y barreras a la actividad económica, cuyo objetivo es que la ciudadanía pueda efectuar propuestas y sugerencias para la buena regulación y poner en conocimiento de la Administración autonómica los obstáculos regulatorios a la actividad económica, de manera que el órgano competente reciba la información y modifique o proponga las modificaciones precisas.
Castilla-La Mancha es, en 2021 y según el Gobierno central, la tercera comunidad autónoma que más tramitación digital completa ofrece a la ciudadanía, con el 95% de los procedimientos, por detrás de Comunidad Valenciana y La Rioja.
