El Gobierno de Castilla-la Mancha estima necesario revisar el sistema de rentas mínimas garantizadas que, con un nombre u otro, se incluyen en las políticas sociales de las diferentes comunidades autónomas para integrarlas en un sistema único, más homogéneo, justo y seguro. Una reforma en la que sería necesaria la participación directa de la Administración central y la voluntad política de los gobiernos autonómicos, ya que tendrían que adaptar su normativa a este fin. Este es el sentido de la resolución aprobada por la Cortes regionales en noviembre de 2015 que, entre otras cosas, insta al Gobierno de España a impulsar un pacto de Estado con las comunidades autónomas que permita garantizar por ley una renta dirigida a las familias que se encuentran por debajo del umbral de pobreza y que han agotado cualquier tipo de prestación o carecen de ingresos, con el fin de que puedan afrontar sus necesidades básicas.
En junio de 2020 el Congreso de los Diputados, a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, aprueba sin ningún voto en contra el Ingreso Mínimo Vital, que garantiza ingresos a las familias vulnerables desde 462 euros a 1.015 euros mensuales.
Por otro lado, y en tanto en cuanto se establecía esta medida de ámbito estatal, el Gobierno regional promueve el Plan Regional de Empleo y Garantías de Rentas 2018-2020, como continuación del Plan Extraordinario por el Empleo 2015-2017, que tiene como objetivos seguir combatiendo el desempleo de larga duración, aumentar la empleabilidad de las personas desempleadas, en especial las más alejadas del mercado laboral y consolidar un marco de cooperación institucional y social en materia de empleo que garantice rentas suficientes a las personas desempleadas más vulnerables, al tiempo que se estimula la economía y se crean oportunidades de empleo y actividad, se fomenta el primer empleo a de calidad para la juventud y se introducen medidas de mejora de la calidad del mercado de trabajo.
Entre 2015 y 2020, el Gobierno de Emiliano García-Page pone en marcha 5 planes de empleo para personas en desempleo que no perciben prestaciones, que garantizan rentas a 47.500 personas.
