El establecimiento de una agricultura contractual constituye una herramienta para el equilibrio de las relaciones comerciales de la cadena alimentaria, protegiendo con ello al sector productor primario, como eslabón más débil.
Consciente de su importancia, hace 30 años, en el año 1988, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha puso en marcha de concesión de ayudas para fomentar la agricultura contractual.
Desde el Gobierno regional se impulsan los sistemas de relaciones contractuales entre la industria transformadora y el sector productor que reequilibren sus relaciones comerciales y doten de mayores garantías a los productores de los sectores lácteos y vitivinícola, colaborando de forma permanente con la Administración General del Estado, a través de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y velando por la correcta aplicación y el cumplimiento de los contratos, en la cadena alimentaria, a través de los controles que realiza.
Como factor impulsor y parte de este sistema, cabe destacar el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las Organizaciones Profesionales Agrarias ASAJA, COAG y UPA; Cooperativas Agro-alimentarias de España, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicio y Supermercados (ASEDAS).
La protección de las condiciones contractuales de los agricultores ha sido recogida en el documento público de posición ante la reforma de la PAC para el periodo 2021-2027 del Gobierno de Castilla-La Mancha.
