El proceso de concertación social que condujo a la firma del Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha 2015-2020 acompañó el trabajo en un diagnóstico previo sobre el contexto socioeconómico regional, de cara a definir las líneas estratégicas a seguir teniendo en cuenta la estructura demográfica, económica y productiva, así como la evolución y perspectivas de futuro de nuestro tejido empresarial y mercado laboral.
Las líneas estratégicas del Pacto no sólo están encaminadas a la recuperación económica y del empleo de la región, sino que también tienen como objetivo garantizar la equidad en el momento de superación de la crisis, de tal manera que se reduzcan las desigualdades y que la ciudadanía en conjunto se beneficie de la apuesta por el crecimiento económico basado en la competitividad de las empresas y en su capacidad para crear riqueza y empleo, así como de los derechos sociales perdidos durante los años de crisis.
El territorio de Castilla-La Mancha (tercera comunidad autónoma más extensa de España) y sus características sociodemográficas (baja densidad de población y elevado número de núcleos rurales) condicionan la estructura productiva y el mercado laboral. Además, la situación geográfica de la región supone, para el desarrollo económico, una fortaleza y una debilidad al mismo tiempo.
Tras constantes caídas desde el 2008, en el 2015 se observa, por primera vez, un crecimiento positivo del PIB de Castilla-La Mancha del 3,2%, encontrándose entre las cinco comunidades españolas con mejor resultado. La tasa de crecimiento acumulado supera el 14% entre los años 2015 y 2019, según el INE.
La economía castellano-manchega presenta una estructura productiva similar a la economía nacional, aunque con especialización en algunos sectores productivos como el agrario, las industrias manufactureras y la construcción. Castilla-La Mancha cuenta con sectores que se consideran estratégicos por su aportación a la economía, y deben ser promocionados para mantener la línea de crecimiento económico. Los sectores servicios y comercio aglutinan más de la mitad del tejido productivo (32% y 27%, respectivamente, del total de empresas). Le siguen el sector de la construcción (15% del total de empresas), la industria y la hostelería (10% y 9%, respectivamente).
La importante destrucción de tejido empresarial que se produjo durante la crisis (el 8,73% en el periodo 2008-2015) empieza a revertirse a partir del 2015, con más de 2.300 empresas recuperadas entre 2015 y 2019, hasta las 128.106 activas en 2019, según el Directorio Central de Empresas del INE.
Al igual que en el resto de España y Europa, la participación de las pymes y micropymes en el tejido empresarial es predominante. Es, por tanto, imprescindible el apoyo a las pequeñas empresas y al emprendimiento para dotar al tejido productivo de las infraestructuras que su tamaño y capacidad empresarial no les permiten asumir (procesos de internacionalización y digitalización, entre otros). De igual forma, el apoyo al tejido empresarial a través de la financiación es fundamental para el desarrollo regional.
