Comenzamos los trabajos para la elaboración de la Ley Regional del Agua de Castilla-La Mancha, con el fin de potenciar el papel de la administración autonómica en el marco de la planificación hidrológica y cumplir las exigencias de la Directiva Marco del Agua en equilibrio con el desarrollo socioeconómico de la región. Esta Ley es un compromiso hecho público en sede parlamentaria, en la comparecencia de política general en la Comisión de Fomento de las Cortes de Castilla-La Mancha y que, tal como ha manifestado públicamente el presidente Emiliano García-Page, pretende ser un instrumento legal que dote a la región de una posición de fuerza en la toma de decisiones.
Nuestra Ley del Agua está, de hecho, dando ya sus primeros pasos, entre ellos, el preceptivo estudio comparativo de la legislación existente en otras comunidades autónomas y la contratación de trabajos de asesoramiento.
El 20 de diciembre de 2019 se abrió el periodo para la consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, habiéndose publicado el 31 de julio de 2020, en Diario Oficial, la apertura de un periodo de información pública sobre el anteproyecto de ley. El borrador del anteproyecto incluye, en su disposición adicional segunda, que la Comunidad Autónoma tendría potestad para emitir un informe preceptivo en un plazo máximo de 15 días para cualquier propuesta de transferencia de aguas que afecte a los intereses de Castilla-La Mancha, en defensa de las competencias e intereses de la Comunidad.
El 14 de septiembre de 2021, el Consejo de Gobierno toma en consideración el Anteproyecto de Ley de Aguas de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
El 14 de diciembre de 2021, el Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de la Ley de Aguas y su remisión a las Cortes de Castilla-La Mancha para su tramitación. El 23 de diciembre la Mesa de las Cortes lo admite a trámite.
El 17 de febrero de 2022 las Cortes regionales aprueban la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha que señala, en su disposición adicional segunda, que Castilla-La Mancha deberá tener trámite de audiencia en todos aquellos procedimientos en que se puedan ver afectados sus intereses para que, a través de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, se alegue o informe cuanto estime oportuno.
