Desde 2015, se trabaja para conseguir la reforma de los planes hidrológicos de la región. Con ese fin, el 30 de septiembre de 2015 el Gobierno regional se opuso a la aprobación de los Planes Hidrológicos del Tajo, Júcar, Segura y Guadiana en el Consejo Nacional del Agua, y asimismo lo hizo en las reuniones de cada una de las demarcaciones, presentando los correspondientes votos particulares. En este mismo empeño, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la aprobación definitiva de todos los Planes de cuenca del Estado sin que se hubieran atendido los requerimientos del Gobierno de Castilla-La Mancha se procedió a la presentación de recursos ante el Tribunal Supremo en aquellos que perjudican gravemente las necesidades hídricas presentes y futuras de Castilla-La Mancha.
Entre las razones esgrimidas en el recurso sobre el Plan Hidrológico del Tajo 2015-2021 se encuentra el incumplimiento de determinar caudales ecológicos para conseguir los objetivos ambientales que marca la Directiva Marco del Agua, la posible vulneración del principio de prioridad de la cuenca cedente y el incumplimiento de la obligación de establecer los excedentes que pueden ser trasvasados.
En el caso del recurso frente al Plan Hidrológico del Guadiana, este se basa en la defensa de los humedales y de las y los agricultores de la demarcación de esta cuenca.
Las razones aducidas en el recurso interpuesto frente al Plan Hidrológico del Júcar son el ámbito territorial de la demarcación y la asignación de recursos a otras cuencas inter e intracomunitarias, provocando déficit en el sistema Júcar, el incumplimiento de la obligación de realizar balances en las cuencas de la demarcación y la incorporación del Convenio de Alarcón.
El recurso contencioso administrativo al Plan Hidrológico del Segura se apoya en el incumplimiento de la obligación de establecer balances, la imposibilidad práctica de materialización de las reservas para regadíos sociales en la comunidad autónoma, el incumplimiento de la prohibición legal de trasvasar los recursos subterráneos de Albacete, los estrictos condicionantes para la declaración en riesgo de las masas de agua y el sometimiento de los aprovechamientos por disposición legal.
Se solicita, también, la inclusión de caudales ecológicos para todos los ríos así como reservas fluviales protegidas en los tramos menos afectados por la actividad humana.
El Parlamento Europeo vino a dar la razón a los posicionamientos del Gobierno regional con el informe emitido por el grupo de europarlamentarios que visitó Castilla-La Mancha y pudo comprobar la alarmante situación de la cuenca del Tajo in situ. El demoledor informe que emitió esta delegación fue presentado ante el Parlamento Europeo.
En febrero de 2019, el presidente de Castilla-La Mancha viaja a Bruselas para presentar en persona una denuncia ante las instituciones europeas por los caudales ínfimos del río Tajo y contra los planes hidrológicos. Unas semanas después, en marzo de 2019, el Tribunal Supremo falla de forma favorable hacia la defensa del río Tajo en hasta 5 sentencias, una de ellas presentada por el Gobierno regional contra el Plan Hidrológico del Tajo por no cumplir los caudales ecológicos exigidos en la normativa europea y el mantenimiento medioambiental del río.
