Desde noviembre de 2018, disponemos del Plan Estratégico de Transporte que marca la dirección a seguir para intercomunicar a nuestras poblaciones. A través de este nuevo plan, se ha rediseñado el Plan Regional de Transporte público integrado.
El objetivo de este nuevo diseño es hacer una reorganización del transporte para mejorar la accesibilidad a los servicios educativos y sanitarios en el medio rural. Es una de las grandes apuestas y retos que tiene el medio rural en Castilla-La Mancha, fundamental para asentar y fijar población. Para ello se apuesta por la incorporación de nuevos modelos zonales donde se integren distintos servicios y especialmente en aquellas zonas de baja densidad de población y por la utilización de servicios a la demanda que en buena medida ajustan oferta con demanda de una manera más equilibrada y sostenible. La meta es que nadie se quede sin la posibilidad de ser usuario del transporte público porque esa es la única forma de vertebrar la Región buscando la verdadera sostenibilidad social. Una buena planificación territorial sostenible tiene que tender a que todo el territorio esté unido de una u otra forma, facilitando acceso a servicios y oportunidades.
Ya se han comenzado a implantar los nuevos modelos zonales, mediante el establecimiento de distintos servicios públicos de transporte, por ejemplo el de Serranía Alta-Alcarria de Cuenca y el del Señorío de Molina de Aragón.
Hemos avanzado en la reorganización del transporte público de personas en la Región con la definición del ámbito territorial de las concesiones zonales integradas en la primera fase (curso 2018-2019) y la segunda fase (2019-2020).
Para las cuatro primeras concesiones zonales la inversión en 10 años asciende a 26,3 millones de euros y va a suponer un ahorro durante este periodo de 5,7 millones, que es un 22%. Va a beneficiar a 180 municipios que representan a 469 núcleos poblacionales con una población directa de más de 66.000 habitantes. Se tratan de modelos mixtos de transporte rural con integración de usos. Se va a implementar de manera coordinada además con Educación, con Sanidad o Bienestar Social para favorecer concesiones económicamente sostenibles y que presten mejor servicio.
