La inspección urbanística es la actividad que los órganos administrativos ejercen en materia de edificación y uso del suelo, con la finalidad de comprobar si los actos en que se materializan se ajustan a la legalidad urbanística y a las especificaciones del planeamiento urbanístico. Todas las labores de planificación y ejecución urbanísticas requieren de la existencia de unos adecuados y eficaces instrumentos que controlen el correcto desarrollo de las mismas y hagan frente a posibles infracciones que pudieran producirse, garantizando así el correcto desenvolvimiento de esta actividad en el marco del ordenamiento jurídico vigente.
En Castilla-La Mancha está materia se encuentra regulada en el Decreto 34/2011, de 26/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto Refundido.
Con el objetivo de potenciar la ordenación territorial, el Gobierno ha aprobado el Plan Cartográfico Regional 2017-2020. La información geográfica es para Castilla-La Mancha la apuesta de presente y de futuro para obtener el conocimiento preciso y exhaustivo de la realidad territorial en la que vive su población. Sólo a través de un conocimiento adecuado de esta realidad es posible que los poderes públicos, las diferentes instituciones económicas y sociales, y en general la ciudadanía, diseñen sus políticas de acción y líneas estratégicas de sus proyectos y actuaciones.
Por otro lado, se ha potenciado la inspección medioambiental siguiendo los objetivos estratégicos del Plan de Inspección Ambiental vigente hasta 2018 y cumpliendo los programas anuales de inspección que se publican cada año. Se persigue no solo comprobar el cumplimiento de la normativa ambiental de las instalaciones y actividades sujetas a control como las instalaciones de gestores de residuos, vertederos, explotaciones agrarias y ganaderas, industrias químicas, instalaciones de control integrado de la contaminación como las centrales térmicas, fabricantes de hidrocarburos, de fertilizantes, etc.
Entre 2015 y 2017 se realizan más de un millar de inspecciones in situ, además de atender la inspección sistemática de instalaciones sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se fijaron en Real Decreto 110/2015, así como responder a las demandas de inspección motivadas por denuncias, accidentes o cambios en la concesión o autorización entre otros, que pueden superar el centenar de inspecciones cada año.
En marzo de 2018, se aprueba la resolución por la que se procede a la habilitación de personal funcionario para el ejercicio de las funciones de inspección territorial urbanística que competen a la Junta de Comunidades, con ello pueden actuar de manera subsidiaria en aquellos municipios que no estén obligados a contar con unidad inspectora y cumpliéndose los requisitos establecidos.
