El Gobierno plantea un nuevo modelo de atención residencial para personas mayores con la aprobación del ‘Decreto de condiciones básicas de los centros de servicios sociales de atención especializada’, que actualiza la normativa de 2001 para adaptarla a los nuevos tiempos y necesidades y con el apoyo económico a reforma y modernización de los centros y recursos de atención a personas mayores.
La nueva normativa introduce importantes novedades referidas a las características técnicas y arquitectónicas de los edificios y espacios que han de garantizar la accesibilidad de los residentes. Se establece que las residencias de mayores tengan, al menos, la mitad de sus habitaciones de uso individual, que dispongan de una zona destinada a la enfermería, y que las residencias de más de 45 plazas deberán contar también con un despacho médico. Otro aspecto importante es en relación con el incremento de ratios de personal de Atención Directa, se incrementan las ratios bajando de 1 profesional por 6 residentes a 1 profesional por 5 residentes.
El Decreto favorece la permanencia en el entorno de las personas mayores, al abrir la posibilidad de que los centros presten servicios de apoyo a la comunidad, tales como comidas a domicilio, lavandería, atención de fisioterapia o podología, entre otros servicios que se vayan revelando como necesarios y convenientes para el beneficio de las personas mayores.
También se generalizan los conceptos de calidad y normalización de los servicios, mediante la exigencia para las entidades gestoras de implantar y mantener en los centros residenciales un sistema normalizado de medición de calidad que asegure la misma. Para ello, las entidades deberán tener sus centros acreditados por una entidad certificadora externa.
Para la modernización de las infraestructuras sociales para personas mayores, personas con discapacidad y menores, el Consejo de Gobierno de 9 de marzo aprobó una convocatoria de subvenciones de 37 millones de euros, se trata de la convocatoria más ambiciosa en materia de infraestructuras destinada a los centros, servicios y entidades del Tercer Sector Social, con el objetivo fundamental de mejorar la atención para mejorar el bienestar de la ciudadanía de Castilla-La Mancha.
