Castilla-La Mancha demuestra su compromiso con un sistema de rentas homogénea que ofrezca posibilidades a las personas más vulnerables con el objetivo de romper el círculo de la pobreza, que culminó con la aprobación en mayo del 2000 del Ingreso Mínimo Vital por parte del Gobierno de España, una renta básica para todo el territorio, descartándose así una normativa propia.
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Castilla-La Mancha demuestra su compromiso con un sistema de rentas homogénea que ofrezca posibilidades a las personas más vulnerables con el objetivo de romper el círculo de la pobreza, que culminó con la aprobación en mayo del 2000 del Ingreso Mínimo Vital por parte del Gobierno de España, una renta básica para todo el territorio, descartándose así una normativa propia.
El 5 de Abril de 2020, en el contexto de la crisis provocada por la covid-19, el presidente de Castilla-La Mancha solicitó durante la videoconferencia de presidentes autonómicos, la puesta en marcha una renta básica en el país, igual para todos los territorios. Defendió que la renta básica la debe asumir y prestar el Estado para evitar que las comunidades con mejor tratamiento financiero puedan complementarla. Además, aseguró que la renta básica debía estar vinculada a un itinerario de empleo.
Durante el Estado de Alarma, Castilla-La Mancha aprobó una Ayuda de Emergencia Extraordinaria inicialmente dotada con 14 millones de euros, que alcanzó los 15,1 millones de euros una vez finalizó su vigor. Esta ayuda puntual fue concebida para sustentar las rentas más bajas durante el periodo de confinamiento mientras el Gobierno de España aprobaba el Ingreso Mínimo Vital.
En su formulación incorpora la compatibilidad con otras rentas, que no computan a nivel patrimonial, para poder compaginarla con el Ingreso Mínimo Vital del Estado. De hecho, esta ayuda no sólo tiene el fin de ayudar a los que se quedaron sin ningún ingreso sino también completar las rentas más dañadas por el periodo de confinamiento. Estas ayudas extraordinarias alcanzaron los 23.639 beneficiarios en 12.084 prestaciones durante los años 2020 y 2021.
El 29 de mayo de 2000 el Consejo de Ministros aprobó el Ingreso Mínimo Vital como una prestación no contributiva de la Seguridad Social, homogénea para el conjunto del Estado, que podrían solicitar aquellas personas que no superen un determinado umbral económico. Poco después, el 10 de julio de 2020 se aprobaba el Real Decreto Ley 20/2020 que lo regulaba. La cuantía del IMV oscila entre los 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola hasta un máximo de 1.015 euros mensuales en función de los miembros de la familia. En este tiempo el Ingreso Mínimo Vital se ha ido adaptando a la realidad, las novedades más recientes provienen del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, que establece un incremento para todo 2023 de un 15% de las cuantías del IMV.
En Castilla-La Mancha hay 20.034 prestaciones del Ingreso Mínimo Vital vigentes a diciembre de 2022.
La reclamación de un ingreso que garantice una renta mínima condicionada a la necesidad de buscar empleo ha sido una postura defendida con anterioridad por el ejecutivo de Emiliano García-Page. De hecho en 2019, Castilla-La Mancha acogió la Asamblea Nacional de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), que se celebró entre los días 13 y 19 de noviembre en Toledo y reunió a sus 19 delegaciones autonómicas con el objetivo de analizar el Estado del Bienestar, profundizando en su modelo de financiación y sostenibilidad, y avanzando en la definición del papel del tercer sector, del que dependen 400.000 personas en Castilla-La Mancha. En este acto, participó el presidente de Castilla-La Mancha reclamando una normativa nacional y defendiendo la importancia de que la renta sea única y homogénea en toda España.
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