El Gobierno regional se ha marcado como uno de sus principales retos para esta legislatura impulsar la transición digital de la actividad económica y de las empresas. En este sentido, se sigue trabajando en la Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas mediante los sucesivos planes de acción anuales iniciados en la legislatura anterior y a través de los cuales se han simplificado un total de 378 trámites administrativos, que benefician a más de un millón de personas y a 15.000 empresas y entidades.
El Plan Anual de Calidad y Simplificación de procedimientos para 2022, último aprobado hasta la fecha, contempla 53 medidas que afectan a 12 programas de las diferentes Consejerías, poniendo el acento en la simplificación de los trámites y la reducción de las cargas administrativas. Entre dichas medidas se encuentra la implementación de una herramienta informática en la Sede Electrónica con la finalidad de agilizar los tiempos de espera en la tramitación de los expedientes de calificación previa de estatutos sociales para la constitución de empresas y cooperativas.
Además, La Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha tiene por objeto establecer un marco de tramitación preferente y de agilización y simplificación administrativa, para el desarrollo de proyectos prioritarios, así como para fomentar e incentivar las iniciativas empresariales que atraigan inversiones en sectores económicos considerados estratégicos para Castilla-La Mancha, para lo que se ofrece una labor de acompañamiento desde la Administración regional.
Otra medida es la modificación realizada a la Ley de Colegios profesionales, aprobada en las Cortes regionales el 29 julio de 2020 sin ningún voto en contra, que refuerza la transparencia, suprime cargas administrativas injustificadas en el ejercicio de las profesiones colegiadas y aumenta las garantías de las personas usuarias de sus servicios. También, en febrero de 2021 las Cortes de Castilla-La Mancha aprueban la Proposición de Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas (SUMA), entre cuyos objetivos se encuentra dinamizar la economía gracias a la simplificación y agilización de trámites administrativos a las empresas que se instalen o amplíen instalaciones. La Ley SUMA contempla 60 innovaciones, entre las que recoge una modificación de la fiscalidad existente, de tal manera que permite que los pequeños municipios ofrezcan una menor fiscalidad a proyectos inversores, y que los ingresos generados en los grandes proyectos urbanísticos de las zonas urbanas se puedan destinar a inversiones y programas de lucha contra la despoblación.
Por otro lado, a través de la modificación del decreto que regula la contratación electrónica en Castilla-La Mancha, el Gobierno regional acomete una simplificación del marco normativo en la materia, que entre otras cuestiones regula de forma más precisa la exención de aportación documental que se sustituye por mecanismos automatizados de obtención de información oficial, así como la posibilidad del uso de ficheros electrónicos estructurados en vez de documentos en formato PDF permitiendo una mejor y más eficiente gestión de la información lo cual redunda en una reducción de las cargas administrativas.
Desde 2016, se realiza un informe anual de seguimiento de cada plan de simplificación y reducción de cargas administrativas que pone en marcha el Gobierno de Castilla-La Mancha.
