El Gobierno ha completado el Modelo de Servicios de Capacitación de la mano del movimiento asociativo de atención a personas con discapacidad, que tiene como misión promover, divulgar y fomentar los derechos de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo para conseguir su plena inclusión en el entorno comunitario. En este sentido, el Servicio de Capacitación se convierte en un catalizador de los derechos de estas personas para conseguir su pleno desarrollo personal a través de la promoción de su participación social en aplicación de los valores de normalización, capacidad, individualidad, calidad y transparencia.
El Gobierno regional ha multiplicado por cuatro el presupuesto destinado a los Servicios de Capacitación e Integración Sociolaboral para personas con discapacidad, pasando de 607.000 euros en 2016 a 2,5 millones de euros en 2022, contando con financiación del Fondo Social Europeo. En base a ese incremento, los Servicios han pasado de 2 en 2016 a 24 en 2022, y las plazas se han incrementado en 875, hasta llegar a las 1.100, que son atendidas por 120 profesionales especializados, en colaboración con entidades del Tercer Sector Social.
Los Servicios de Capacitación de Castilla-La Mancha han sido reconocidos como 'Buena Práctica' por parte del Fondo Social Europeo por su elevada difusión entre las personas beneficiarias y el público en general, por incorporar elementos innovadores al plantear un nuevo modelo de atención a las personas con discapacidad, por lograr los objetivos perseguidos con lo que se contribuye a la resolución de una necesidad en la región, por el alto grado de cobertura, por su visión horizontal favoreciendo al igualdad de oportunidades y la no discriminación y por establecer sinergias con otras políticas públicas.
En este último caso, en coherencia con los objetivos del Eje 2 del Programa Operativo Regional, se han puesto en marcha proyectos desarrollados por las entidades locales en el Marco de Concertación para la prestación de servicios sociales, convocatorias de ayudas para la implementación de proyectos de inclusión social por parte de entidades privadas de iniciativa social, el programa de formación y empleo CREA y los Planes de Empleo, entre otras medidas.
Asimismo, se promueve el empleo con apoyo a través de las entidades que componen del Tercer Sector Social con ayudas publicadas por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en 2019 y 2021, con un presupuesto de 550.000 euros. Un programa que cuenta con un incentivo posterior a la incorporación de la persona con discapacidad en la empresa, en forma de ayudas a la contratación indefinida.
Por otro lado, los centros especiales de empleo se configuran como un sistema de apoyo al empleo protegido de estas personas. Hay alrededor de 90 en Castilla-La Mancha, con una plantilla de más de 3.700 personas, a las que se otorga apoyo económico público para el mantenimiento y el incremento de los puestos de trabajo que ofrecen.
Todo ello permite que Castilla-La Mancha, según el Instituto Nacional de Estadística, lidere la tasa de actividad de las personas con discapacidad con un 40,7 por ciento, 6,4 puntos porcentuales superior a la media nacional que se sitúa en el 34,3 por ciento.
