El Gobierno de Castilla-La Mancha avanza en el nuevo modelo de provisión de apoyos (acción tutelar), financiando desde 2022 la figura de la defensa en procedimientos judiciales por parte de las Fundaciones Tutelares e incrementando un 12% el presupuesto de la convocatoria de acción tutelar, hasta los 2,9 millones de euros. En este sentido, se ha publicado el documento, 'Modelo Regional de… LEER MÁS +
El Gobierno de Castilla-La Mancha avanza en el nuevo modelo de provisión de apoyos (acción tutelar), financiando desde 2022 la figura de la defensa en procedimientos judiciales por parte de las Fundaciones Tutelares e incrementando un 12% el presupuesto de la convocatoria de acción tutelar, hasta los 2,9 millones de euros. En este sentido, se ha publicado el documento, 'Modelo Regional de Prestación de Medidas Judiciales de Apoyo a las Personas con Discapacidad para el Ejercicio de su Capacidad Jurídica', que ha sido elaborado con la participación de las Fundaciones Tutelares colaboradoras en el Sistema de Atención Tutelar.
El Gobierno cuenta con la Comisión de Tutela de Castilla-La Mancha que atiende a un colectivo cercano a 1.400 personas con medidas judiciales de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, a través de Fundaciones Tutelares y más de 80 profesionales.
Las Fundaciones Tutelares son: Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha (FUTUCAM), (discapacidad intelectual); Fundación Madre, (enfermedad mental y diagnóstico dual); Fundación Familia, (enfermedad mental y diagnóstico dual, en la provincia de Albacete); Fundación Mayores, (mayores de 65 años); Fundación FUNDACE, (daño cerebral sobrevenido); y, la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, (enfermedad mental, diagnóstico dual o conductas adictivas).
En este sentido, la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha aborda un programa de atención tutelar que proporciona la asistencia necesaria a las personas que han sido incapacitadas por la autoridad judicial. Se realiza un acompañamiento terapéutico a cada una de ellas. Las destinatarias son personas adultas con problemas de salud mental, diagnóstico dual o con conductas adictivas, a quienes se presta atención psicosocial, asistencia para la administración de bienes y asistencia jurídica. Es la Comisión de Tutela la responsable de derivarle los casos que considere adecuados.
La Ley de Protección y Apoyo Garantizado de Castilla-La Mancha de 2018, y la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, son pasos decisivos en la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Esta reforma sustituye los procedimientos de modificación de la capacidad de obrar, por procedimientos de provisión de apoyos, respetando la voluntad y las preferencias de la persona quien, como regla general, toma sus propias decisiones.
Para la implantación del nuevo modelo se trabaja de manera coordinada con la Fiscalía de Tribunal Superior de Justicia, en la que se abordan asuntos como los derechos fundamentales de estas personas, el internamiento, la problemática a la hora de aplicar la legislación o la remuneración de las fundaciones después del fallecimiento de la persona apoyada y la revisión de las medidas dictadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio.
Además, el modelo se ve reforzado con el respaldo complementario a las Fundaciones Tutelares a través de la convocatoria de IRPF que contempla 125.000 euros para programas de apoyo a la vida independiente o acompañamiento en distintas actividades de la vida diaria.
Igualmente, en colaboración con la Escuela de Administración Regional, el Plan de Formación Continua para 2022 tiene previstas varias acciones formativas para que las y los empleados públicos se formen en las claves de la reforma civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad.
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