El cooperativismo de vivienda es una alternativa a la construcción de vivienda que el Gobierno regional pretende apoyar, como medio para facilitar la construcción de vivienda social y el acceso a la vivienda de la ciudadanía, en especial la de los colectivos que más lo necesitan.
El 15 de octubre de 2019, se mantiene una reunión con la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (… LEER MÁS +
El cooperativismo de vivienda es una alternativa a la construcción de vivienda que el Gobierno regional pretende apoyar, como medio para facilitar la construcción de vivienda social y el acceso a la vivienda de la ciudadanía, en especial la de los colectivos que más lo necesitan.
El 15 de octubre de 2019, se mantiene una reunión con la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (CONCOVI) y la Federación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de Castilla-La Mancha (MANCOVI), donde se trata la necesidad de avanzar hacia políticas sociales que con la colaboración público-privada faciliten el acceso a la vivienda, aspecto para lo cual se contempló la posibilidad de que el cooperativismo sea la fórmula empleada para movilizar el suelo parado de las administraciones.
El 7 de febrero de 2020 se celebra en Toledo un encuentro con el Consejo Rector de Concovi y con las personas responsables en materia de vivienda de las distintas comunidades autónomas para intercambiar información y poner en común las diversas realidades del mercado de vivienda en España.
A su vez, en la Ley SUMA aprobada por el Gobierno de Castilla-La Mancha en enero de 2021, se introducen dos novedades con impacto positivo para el desarrollo de promociones de vivienda tanto de carácter público como privado en municipios de menos de 5.000 habitantes, que son las siguientes:
- Modifica la LOTAU eliminando la reserva de suelo de VPO para el desarrollo de promociones urbanísticas en los municipios de menos de 5.000 habitantes, ya que esta reserva estaba suponiendo un freno en el desarrollo de nuevas promociones a la vez que no cumplía la función de regular los precios, ya que en las zonas rurales los precios de mercado llegan a estar incluso por debajo de los de las viviendas con protección pública.
- El artículo 55 añade la posibilidad de la desclasificación del suelo para la construcción de vivienda protegida a petición de la persona propietaria cuando habiéndose superado el plazo legal para su construcción no se haya llevado a cabo la edificación. Para que esta desclasificación resulte aprobada, quien tiene la propiedad del suelo ha de comprometerse a solicitar licencia urbanística en un plazo de 12 meses. Esta solicitud se ha de solicitar al Ayuntamiento competente y la desclasificación en todo caso se autoriza por la Consejería de Fomento siempre y cuando se constate que no existe demanda de vivienda protegida.
Por otro lado, en marzo de 2023 el presidente de Castilla-La Mancha presenta el Plan 10.000, con el que se pretenden construir 10.000 viviendas en los próximos años en base a la colaboración público-privada, donde también participan los ayuntamientos ofreciendo suelo. Con este acuerdo se incide en zonas tensionadas donde el precio de mercado es elevado para personas que, sin esas circunstancias, podrían tener acceso al mercado de la vivienda. Se persigue tanto que existan alquileres a precios razonables, ofreciendo como contraprestación una ayuda directa al promotor por vivienda hasta un máximo de 50.000 euros. También se contempla la posibilidad de que las viviendas se destinen a la compraventa, y aquí el Gobierno regional introduce como novedad la figura del aval. Se abre la puerta a que la Administración avale a quien adquiere por el 20 por ciento de la hipoteca que no concede la entidad financiera y que en ocasiones puede suponer un freno para familias que tienen solvencia para afrontar el pago de una hipoteca pero no disponen de liquidez para hacer el desembolso de la entrada inicial.
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