Equidad y Cohesión
Un sistema público moderno, orientándolo en términos de inversión social, generador de riqueza, empleo y dinamización del territorio, en la vanguardia de la atención social.
Un sistema sólido de servicios sociales se construye desde los presupuestos. El presupuesto de la Consejería de Bienestar Social para el año 2023 asciende a 925,8 millones de euros, lo que supone un 2,5% más respecto a 2022 y un 52,4% más desde 2015, lo que supone 318 millones más para seguir construyendo bienestar social al lado de las personas, el desarrollo territorial y la generación de… LEER MÁS +
Un sistema sólido de servicios sociales se construye desde los presupuestos. El presupuesto de la Consejería de Bienestar Social para el año 2023 asciende a 925,8 millones de euros, lo que supone un 2,5% más respecto a 2022 y un 52,4% más desde 2015, lo que supone 318 millones más para seguir construyendo bienestar social al lado de las personas, el desarrollo territorial y la generación de empleo.
La evolución del presupuesto de Bienestar Social a lo largo de estos años es la siguiente: 2015: 607,5 millones de euros; 2016: 642,4 millones de euros; 2017: 678,4 millones de euros; 2018: 700,5 millones de euros; en 2019 el presupuesto se prorrogó en 700,5 millones de euros; 2020: 756 millones de euros; 2021: 843 millones de euros; 2022: 900,8 millones de euros; y, en 2023: 925,8 millones de euros.
Esta progresión ha permitido pasar de destinar 1,6 millones de euros al día a políticas de bienestar a 2,5 millones de euros al día, cerca de 1 millón de euros más al día.
El principal reto de la Consejería con los últimos presupuestos es la adaptación del Modelo de Bienestar Social, con la oportunidad que ofrecen los fondos europeos Next Generation, como mecanismo de recuperación y resiliencia para la modernización en la continuidad de cuidados desde el hogar hasta los centros residenciales. Cuestiones como la implantación de la Teleasistencia Avanzada, la trasformación digital hacia un Sistema de Información Social de los Servicios Sociales, o la garantía de rentas a través de la adaptación de las prestaciones sociales de naturaleza económica, representan líneas prioritarias de actuación del Gobierno regional en este área, y sitúan a Castilla-La Mancha a la vanguardia de la atención social.
Una de las consecuencias prácticas de esta evolución es su impacto en el empleo en el Sistema de Servicios Sociales. Según datos oficiales que provienen de la base de datos de afiliados a fin de mes de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el 2º trimestre de 2020 (primer informe disponible) en Castilla-La Mancha había 23.360 personas en situación de alta en actividades del Sector Servicios Sociales, en el tercer trimestre (último informe publicado), este dato se ha visto incrementado hasta las 27.115 personas en situación de alta, incluidas las personas cuidadoras no profesionales que hayan suscrito convenio especial con la TGSS, lo que supone más de 3.750 personas en alta en la región en ese período de tiempo.