Durante la pandemia de covid-19, el Gobierno de España pone en marcha en junio de 2020 el Ingreso Mínimo Vital (IMV) como una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas. Garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Persigue garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias. Desde su puesta en marcha hasta diciembre de 2023 ha beneficiado a más de 93.000 personas en la región, que ha supuesto destinar 300 millones de euros.
También en abril de 2022 el Consejo de Gobierno autoriza un programa de refuerzo temporal de los equipos de Servicios Sociales de Atención Primaria para el desarrollo de un proyecto piloto para la inclusión social con personas perceptoras del IMV en el marco de los Fondos MRR, que supone la contratación de 42 personas y la inversión de 2,8 millones de euros.
Con carácter previo, el Gobierno de Castilla-La Mancha puso en marcha en mayo de 2020 las Ayudas de Emergencia Extraordinaria, dotadas con 14 millones de euros (modificadas en julio de 2020 para agilizar la gestión y ampliado el presupuesto en mayo de 2021 a 15,2 millones). El compromiso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, con un modelo de rentas equilibrado y con capacidad de combatir el círculo de la pobreza y la pobreza extrema ha sido defendido en numerosas ocasiones. El planteamiento defendido en Castilla-La Mancha es establecer una renta mínima ligada a la búsqueda activa de empleo y participación en itinerarios de inclusión, similar al planteado en todo el territorio nacional.
Asimismo, en noviembre 2019 se publicó la convocatoria del Ingreso Mínimo de Solidaridad para 2020 con un crédito de más de 13,4 millones de euros. En diciembre el Consejo de Gobierno aprueba una ampliación de crédito en 5 millones de euros.
