La nueva estructura dada al Gobierno de Castilla-La Mancha en 2019 crea el Comisionado del Reto Demográfico, dependiente de la Vicepresidencia, al que corresponde la elaboración y el desarrollo de una estrategia frente al reto demográfico, el envejecimiento poblacional y el despoblamiento territorial, en colaboración con todas las Administraciones públicas.
Este refuerzo de la lucha contra la despoblación conlleva la creación de cinco Delegaciones del área del Reto Demográfico en las cinco provincias de la región, de cara a contar con una persona en permanente contacto con los alcaldes y alcaldesas para saber cuáles son sus necesidades. Esta nueva estructura se suma a las dos Delegaciones de la Junta para las comarcas de Talavera de la Reina y Molina de Aragón con las que ya cuentan las provincias de Toledo y Guadalajara, debido a su extensión.
En febrero de 2020 se firma el Pacto contra la Despoblación, con el objetivo principal de elaborar una Estrategia Regional contra la Despoblación. En noviembre de 2020 se inician las mesas de trabajo para la elaboración de la misma. En mayo de 2021 se publica la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural. El primer borrador de la Estrategia se presenta a los agentes sociales firmantes del Pacto contra la Despoblación el 5 de julio de 2021.
El 14 de diciembre de 2021 el Consejo de Gobierno aprueba la Estrategia Regional frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha 2021-2031, que se publica en el Diario Oficial el 23 de diciembre. Tiene una vigencia de 10 años e incorpora un presupuesto total de 3.322 millones de euros.
Otra medida de descentralización administrativa que se ha llevado a cabo es, por ejemplo, el convenio de colaboración firmado en julio de 2020 entre el presidente de Castilla-La Mancha y el presidente de Correos para implementar servicios en el medio rural garantizando el acceso a los servicios públicos básicos a la población rural en las mismas condiciones que el resto de personas que viven en las ciudades. Se trata de aprovechar la penetración en el territorio que tiene Correos como empresa pública, lo que la convierte en una aliada estratégica.
El convenio posibilita la realización de trámites administrativos en las oficinas de Correos, acercando la Administración a la ciudadanía de las zonas despobladas permitiéndose que se pueda renovar la tarjeta de desempleo, solicitar y renovar la tarjeta sanitaria, licencias de caza y títulos de familia numerosa, entre otras cosas. Este convenio contempla, además, la posibilidad de instalar cajeros en las propias oficinas de Correos, devolviendo este servicio que ha ido desapareciendo en los últimos años en el medio rural.
De los 46 cajeros que Correos prevé ubicar en oficinas de Castilla-La Mancha, 16 son en la provincia de Toledo, 11 en la de Ciudad Real, 8 en la de Albacete, 7 en la de Guadalajara y 4 en la de Cuenca.
