Los centros educativos son organizaciones de gran complejidad y, por ello, la función directiva adquiere la máxima relevancia. Por ello, se precisa de una dirección participativa que dinamice la organización, impulse y coordine actuaciones y ofrezca respuesta a toda la comunidad educativa. Términos como eficacia, eficiencia, calidad, optimización de recursos o liderazgo, son aspectos claves de… LEER MÁS +
Los centros educativos son organizaciones de gran complejidad y, por ello, la función directiva adquiere la máxima relevancia. Por ello, se precisa de una dirección participativa que dinamice la organización, impulse y coordine actuaciones y ofrezca respuesta a toda la comunidad educativa. Términos como eficacia, eficiencia, calidad, optimización de recursos o liderazgo, son aspectos claves de la función directiva.
La normativa básica de Educación, junto a la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión reconoce la autonomía directiva de los centros.
En enero de 2020, en diciembre de 2021, y de 2022 se publican las Resoluciones con la convocatoria de concurso de méritos para la renovación, selección y nombramiento de directoras y de directores de los centros docentes públicos no universitarios, contemplándose que dentro del proyecto de dirección se valoran aspectos de autonomía pedagógica y de gestión.
Esta autonomía se ejerce a través del Proyecto Educativo de Centro, siendo la autonomía de gestión económica otra de las señas de identidad de los centros educativos.
La administración educativa, a través del asesoramiento de los equipos de inspección, así como desde las propias unidades de atención a los equipos directivos y desde el Centro Regional de Formación del Profesorado, con el desarrollo de cursos de formación para equipos directivos, fomentan y potencian la autonomía de los centros, evaluando sus resultados (por ejemplo a través de la cuenta de gestión) y aplicando los oportunos planes de actuación.
Con la aprobación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) se refuerza, además de la autonomía pedagógica y de gestión, una de las características clave para el buen desarrollo de la función directiva: el liderazgo. Se apuesta por un modelo de dirección profesional que se alinea con las recomendaciones europeas sobre esta figura, que ha de conjugar la responsabilidad institucional de la gestión del centro como organización, la gestión administrativa, la gestión de recursos y el liderazgo y dinamización pedagógica, desde un enfoque colaborativo, y la búsqueda del equilibrio entre tareas administrativas y pedagógicas.
El principio de autonomía pedagógica, así como la importancia de la presencia de equipos directivos con liderazgo se afianza con la publicación en julio de 2021 del Decreto 89/2021, de 27 de julio, que regula las características y los procesos relativos al ejercicio de la función directiva en centros docentes públicos no universitarios de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Esta normativa destaca que términos como eficacia, eficiencia, calidad, optimización de recursos o liderazgo, son aspectos claves de la función directiva. Muestra de ello es que en el Anexo I de dicho decreto, la dimensión I.5. contempla que el desarrollo de las funciones relacionadas con el liderazgo, la evaluación y la mejora de la calidad, se valora en los criterios de selección con un máximo 1,2 puntos.
En cuanto a la importancia de la autonomía pedagógica, en este decreto, en el Artículo 19 ´Medidas de apoyo al ejercicio de la dirección`, se destaca que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes debe dotar a las direcciones de los centros de la necesaria autonomía para impulsar y desarrollar proyectos de innovación e investigación, programas de formación en centros y cualquier otra medida que contribuya a mejorar la calidad educativa del centro, su organización y funcionamiento.
En junio de 2023 se publica la Orden de evaluación del personal funcionario docente no universitario y la Orden que regula la evaluación interna de los centros sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas no universitarias en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Con esta nueva normativa se aumenta la autonomía en la autoevaluación de los centros y mejora la calidad educativa de los mismos.
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