Transparencia y Buen Gobierno X Legislatura (2019-2023)

El Gobierno de Castilla-La Mancha cuenta con diferentes herramientas para facilitar la puesta en marcha de las nuevas oportunidades de negocio que surjan en la región, especialmente en zonas despobladas, como son los planes anuales de simplificación y reducción de cargas administrativas, a través de los cuales se han simplificado un total de 378 trámites administrativos trámites administrativos entre 2016 y 2022. A esta cifra se une el desarrollo de 23 medidas de simplificación específicas dirigidas al empresariado.

Además, para lograr la reducción de la brecha digital y la lucha contra el despoblamiento se avanza en el compromiso de llegar a duplicar los Puntos de Inclusión Digital a lo largo de la legislatura, espacios en los que poder ofrecer un mayor número de servicios a la ciudadanía con los que relacionarse con la Administración regional.

Por otro lado, la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha da un paso más para facilitar y estimular la creación de empresas, con la puesta en marcha de la Unidad de Acompañamiento Empresarial para proyectos estratégicos, ya sea por su dimensión o porque se instalen en zonas de la región afectadas por la despoblación.

En cuanto al Pacto por el Crecimiento y la Convergencia Económica de Castilla-La Mancha 2019-2023, que desde octubre de 2020 se redibujó con objeto de adaptarlo a las circunstancias derivadas de los efectos de la crisis sanitaria originada por la covid-19 y se renombró en diciembre de 2021 como Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo 2020-2024, incluye entre sus ejes estratégicos la necesidad de avanzar hacia la simplificación de trámites para facilitar la puesta en marcha de nuevas empresas en cualquier lugar de la región, especialmente en zonas con problemas de despoblamiento.

Hay que decir, también, el Gobierno de Castilla-La Mancha aboga por definir una ventanilla única para la elección de proyectos susceptibles de financiación con cargo los fondos "Next Generation", no solo en el ámbito público sino también en el privado ante las numerosas propuestas presentadas por el tejido empresarial. Esta afirmación ha sido hecha por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas en la conferencia sectorial sobre telecomunicaciones, sociedad de la información y audiovisuales donde también se ha hecho hincapié en la necesidad de que con estos fondos europeos se puedan corregir los desequilibrios entre territorios y en la oportunidad que puede suponer su utilización como elemento de cohesión territorial y para hacer frente al reto demográfico.

Otras iniciativas han sido la suscripción de un convenio de colaboración entre el Gobierno de Castilla-La Mancha con Correos para facilitar a la ciudadanía el pago de sus tributos mediante giro postal, con el objetivo de agilizar trámites y evitar desplazamientos, especialmente en municipios pequeños o la firma de un acuerdo con la Dirección General de Tráfico para facilitar a la ciudadanía gestiones en la materia desde la Oficina de Registro de la Junta en Molina de Aragón.

Por último, mencionar la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural. En este sentido, desde la Administración Regional se impulsa la simplificación normativa y administrativa con el fin de facilitar el desarrollo de proyectos e iniciativas públicas y privadas que contribuyan a la revitalización económica y social de las zonas rurales, en particular de las escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.

En este sentido, se ha aprobado, en julio de 2022, la Estrategia Regional frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha 2021-2031 como instrumento de planificación para abordar la puesta en marcha de estas medidas, entre las que se incluyen el desarrollo de nuevas actividades económicas y el fomento del emprendimiento en las zonas rurales afectadas por la despoblación. Dicha estrategia contempla medidas de acción positiva para las personas que residen en zonas despobladas y personas emprendedoras o empresas que se establezcan en estas zonas (por ejemplo la creación de un fondo de apoyo financiero).

Todo ello unido a la aprobación en febrero de 2021 de la Ley de simplificación urbanística y medidas administrativas que planifica el escenario de reactivación económica y de empleo en pequeños municipios, agilizando trámites para las empresas que se instalen o deseen ampliar sus instalaciones. Además, La Ley SUMA contempla 60 innovaciones, entre las que recoge una modificación de la fiscalidad existente, de tal manera que permite que los pequeños municipios ofrezcan una menor fiscalidad a proyectos inversores, y que los ingresos generados en los grandes proyectos urbanísticos de las zonas urbanas se puedan destinar a inversiones y programas de lucha contra la despoblación.