Transparencia y Buen Gobierno X Legislatura (2019-2023)

El Gobierno regional cumple el mandato de las Cortes de Castilla-La Mancha plasmado en la resolución aprobada por todos los grupos con representación parlamentaria en el pleno celebrado el 5 de septiembre de 2019, iniciativa por la que se insta al Ejecutivo regional a trasladar al Ministerio de Hacienda la petición de abordar la problemática de la deuda histórica en materia de dependencia del Estado con Castilla-La Mancha, pendiente desde el año 2012, que supera los 500 millones de euros, así como que el Gobierno de España y las fuerzas políticas representadas en las Cortes generales y en las comunidades autónomas se comprometan a dar prioridad a la reforma del modelo de financiación autonómico, y lo hagan con criterios objetivos, rigurosos, equilibradores y solidarios, teniendo en cuenta las peculiaridades y características propias de la región.

En el transcurso de un debate general sobre presión fiscal celebrado el 30 de enero de 2020 en las Cortes de Castilla-La Mancha, el Gobierno regional ha reiterado su compromiso con la defensa de una armonización fiscal entre comunidades autónomas que evite la competencia desleal entre regiones, lo cual pretende defender en el ámbito de la negociación del próximo modelo de financiación autonómica.

El presidente García-Page anuncia la intención de impulsar una ley desde Castilla-La Mancha con el objetivo de proponer una armonización fiscal a nivel estatal y evitar así guerras fiscales en el territorio. En este sentido, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas confirma, en el transcurso de un debate celebrado en las Cortes regionales en diciembre de 2020, la intención de elaborar un proyecto de ley en este sentido que venga a armonizar fiscalmente a todas las comunidades autónomas.

El Pacto contra la despoblación en Castilla-La Mancha, suscrito en Brihuega el 28 de febrero de 2020, incorpora en su punto duodécimo la necesidad de que se tengan en cuenta criterios como el despoblamiento a la hora de acometer la necesaria reforma del Sistema de Financiación de las comunidades autónomas, para asegurar un mismo nivel de acceso a los servicios públicos a toda la ciudadanía, independientemente del lugar donde vivan.

Asimismo, el Gobierno regional ha contado con el apoyo de las Cortes de Castilla-La Mancha para reclamar al Estado la adopción de un modelo de financiación autonómica en el que se asegure un mismo nivel de acceso a los servicios básicos de calidad a toda la ciudadanía, independientemente del lugar donde vivan y que especialmente tenga en cuenta criterios como la despoblación, con el fin de cubrir el coste efectivo de los servicios.

En este sentido, después de que el pasado mes de diciembre de 2021 el Gobierno central hiciera público un primer documento donde se aborda el cálculo de la población ajustada, que es uno de los elementos clave a la hora de aplicar el sistema de financiación autonómica, el Gobierno regional se ha reunido, en enero de 2022, con representantes de los grupos parlamentarios y con agentes sociales, para trasladar las observaciones y propuestas del Ejecutivo a dicho informe en materia de financiación autonómica.

Así, los aspectos más relevantes de la propuesta del Gobierno de Castilla-la Mancha son:
- Poner de manifiesto el coste real que supone la prestación de los servicios públicos fundamentales para cada bloque competencial propuesto en el informe del Ministerio del Gobierno central (Sanidad, Educación, Servicios Sociales y resto de servicios)
- Diferenciar los costes de estos servicios entre zonas pobladas y zonas despobladas.
- Incluir la variable superficie en cada bloque competencial, en lugar de considerarlo una variable correctiva, de carácter residual.
- Considerar que la variable despoblación a efectos de costes estaría bien representada por la variable superficie.
- Proponer que la despoblación sea objeto de un fondo especial.