Los Gobiernos de Castilla-La Mancha y Aragón han reiterado, en una reunión mantenida en septiembre de 2019 en Molina de Aragón, la necesidad urgente de abordar por parte del Gobierno de España, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la prestación de servicios públicos fundamentales en territorios afectados… LEER MÁS +
Los Gobiernos de Castilla-La Mancha y Aragón han reiterado, en una reunión mantenida en septiembre de 2019 en Molina de Aragón, la necesidad urgente de abordar por parte del Gobierno de España, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la prestación de servicios públicos fundamentales en territorios afectados por la despoblación, teniendo en cuenta el coste añadido que supone para las comunidades autónomas.
Ambos ejecutivos han coincidido en que el nuevo modelo de financiación debe incluir en el coste de la prestación de los servicios la dispersión de la población, la despoblación y el envejecimiento, cumpliendo así con los principios de solidaridad y suficiencia financiera.
También, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a manifestar su convencimiento de que ésta debe ser la nueva dirección en la que ir en la lucha contra la pérdida demográfica en el mundo rural, durante la inauguración del Congreso sobre Despoblación celebrado en Sigüenza en noviembre de 2019.
En este sentido, el 28 de febrero de 2020, se firmó el Pacto contra la despoblación en Castilla-La Mancha, que incorpora en uno de sus puntos la necesidad de incluir criterios demográficos como la superficie, la dispersión, el envejecimiento y el despoblamiento, en la imprescindible reforma del Sistema de Financiación de las comunidades autónomas que se ha de acometer de cara a asegurar un mismo nivel de acceso a los servicios públicos a toda la ciudadanía, independientemente del lugar donde vivan.
Además, el Gobierno regional ha obtenido el apoyo de las Cortes de Castilla-La mancha en el transcurso del Debate del Estado de la Región de 2021 para instar al Gobierno de España la necesidad urgente de abordar la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica que incorpore la solidaridad en su funcionamiento, y que permita disponer de más recursos en cuya distribución se tengan en cuenta variables como la superficie, la dispersión, la despoblación o el envejecimiento, para asegurar un mismo nivel de acceso a los servicios básicos de calidad a toda la ciudadanía, independientemente del lugar donde vivan. Igualmente, se considera imprescindible una profunda reforma del sistema actual de financiación local, que tenga en cuenta criterios como la despoblación, con el fin de cubrir el coste efectivo de los servicios.
También, la Declaración Institucional conjunta del `Foro de Santiago de Compostela´ celebrado el pasado 23 de noviembre de 2021, en la que ha participado el presidente de Castilla-La Mancha junto con los mandatarios de siete comunidades autónomas más, recoge entre las reivindicaciones compartidas en el ámbito de la financiación autonómica, la necesidad de tener en cuenta criterios demográficos como la dispersión poblacional o la baja natalidad en la necesaria ampliación del concepto de “zona escasamente poblada” y tener en cuenta criterios que permitan impulsar el reequilibrio territorial entre las zonas densamente pobladas y aquellas en declive demográfico, entre otros aspectos.
En enero de 2022, el Gobierno regional ha trasladado a los grupos parlamentarios y los agentes sociales su propuesta dirigida al Gobierno de España para que el territorio se incorpore de manera estructural en la financiación autonómica lo cual supone que el reparto de fondos entre las comunidades autónomas cubra el coste efectivo de los servicios en cada territorio. Además, la propuesta del Ejecutivo autonómico pasa por crear un fondo específico que se distribuya entre las comunidades autónomas afectadas por la despoblación.
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