Se desarrollan reuniones entre el presidente de Castilla-La Mancha y los líderes de la oposición para marcar las líneas a seguir esta legislatura, entre ellas la reforma de Estatuto de Autonomía.
Una vez que se dan las condiciones que se habían marcado -la conformación del Gobierno central y el inicio de la legislatura- el Ejecutivo de Castilla-La Mancha llama a los grupos parlamentarios regionales a tener una primera reunión e iniciar así conversaciones.
El Gobierno de Castilla-La Mancha se reúne con los representantes de los grupos parlamentarios de las Cortes regionales para mostrarles las propuestas del Ejecutivo autonómico para la redacción de un nuevo Estatuto de Autonomía. Las partes se emplazan a mantener reuniones periódicas para poder pactar un texto consensuado.
En 2019, se retoman los encuentros con los grupos parlamentarios para abordar la reforma estatutaria con el consenso deseado. Situaciones sobrevenidas como la pandemia de covid y sus repercusiones socioeconómicas han postergado esta iniciativa, que requiere de voluntad y entendimiento por parte de todas las fuerzas políticas.
En la XI legislatura, la reforma del Estatuto continúa estando en la agenda del Gobierno. En julio de 2024, el Consejo de Gobierno da conformidad a la tramitación parlamentaria de la propuesta de reforma propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista. Se presentan 116 enmiendas, de las que se aprueban 41. Tras los debates en comisión se alcanza el acuerdo de los grupos PP y PSOE, concretando su dictamen el 23 de mayo de 2025. Vox vota en contra.
El 29 de mayo de 2029, las Cortes regionales aprueban la proposición de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha con el apoyo de los diputados de PSOE y PP y designan las personas comisionadas para su defensa en el Congreso de los Diputados. Se inicia el trámite para su debate y aprobación en el Congreso de los Diputados.
El texto aprobado refuerza los derechos y libertades, destaca la igualdad de género, garantizando la igualdad de oportunidades, la protección de los más vulnerables y la promoción de un desarrollo equitativo y sostenible en todo nuestro territorio, también en las zonas rurales y con problemas de despoblación, así como en todos los ámbitos de la vida social, económica y política.
Se han ampliado las competencias de Castilla-La Mancha para reflejar la realidad de la comunidad, en consonancia con la estructura constitucional y la relación de delegaciones y transferencias adoptada a lo largo de estos más de cuarenta años. El desarrollo rural, la protección ambiental y las competencias en materia de Educación, Sanidad, e Investigación e innovación tecnológica, para otorgarles la importancia que tienen en un Estado del Bienestar como el nuestro.
En materia de financiación se blinda una financiación justa para Castilla-La Mancha, garantizando los recursos suficientes para hace frente al adecuado ejercicio del autogobierno. Se incorpora la garantía de igualdad con otras comunidades y que se tengan en cuenta factores específicos como son las características de la población, dispersión geográfica y la baja densidad para el reparto de los fondos.
