El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja en una reforma del Estatuto de Autonomía que mejore nuestra capacidad de autogestión y que blinde los derechos sociales y económicos en la región.
De esta forma el presidente, en una ronda de reuniones celebradas con los grupos parlamentarios en septiembre de 2019, inicia las conversaciones para abordar la redacción de un nuevo Estatuto, sin olvidar que la norma la tiene que aprobar definitivamente las Cortes Generales.
En enero de 2020, el presidente se reúne nuevamente con la portavoz de Ciudadanos en las Cortes regionales, acordando iniciar los trámites para reformar el Estatuto de Autonomía. Algo que se reitera en marzo de 2020 en la reunión del vicepresidente del Gobierno regional con los grupos parlamentarios con representación de las Cortes regionales.
En este encuentro, el Gobierno presenta a los grupos un cronograma de reforma legislativa, razones de oportunidad y objetivos de la reforma, así como los problemas que con la misma se pretenden solucionar, entre ellos, blindar los servicios públicos, la lucha contra la despoblación y establecer unos principios de organización y funcionamiento de la Administración de la Junta de Comunidades donde se habiliten espacios para la participación de la ciudadanía.
En la XI legislatura, la reforma del Estatuto continúa estando en la agenda del Gobierno. En julio de 2024, el Consejo de Gobierno da conformidad a la tramitación parlamentaria de la propuesta de reforma propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista. Se presentan 116 enmiendas, de las que se aprueban 41. Tras los debates en comisión se alcanza el acuerdo de los grupos PP y PSOE, concretando su dictamen el 23 de mayo de 2025. Vox vota en contra.
El 29 de mayo de 2029, las Cortes regionales aprueban la proposición de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha con el apoyo de los diputados de PSOE y PP y designan las personas comisionadas para su defensa en el Congreso de los Diputados. Se inicia el trámite para su debate y aprobación en el Congreso de los Diputados.
El nuevo Estatuto profundiza en las medidas para frenar la despoblación junto al derecho al acceso a las nuevas tecnologías de la sociedad del conocimiento, la información y la comunicación en condiciones de igualdad, otorgándoles la importancia que tienen en un Estado del Bienestar como el nuestro. Se hace referencia a la protección de datos de carácter personal que estén bajo la responsabilidad de la Comunidad Autónoma, así como al uso de la Inteligencia Artificial.
En materia de financiación se blinda una financiación justa para Castilla-La Mancha, garantizando los recursos suficientes para hace frente al adecuado ejercicio del autogobierno. Se incorpora la garantía de igualdad con otras comunidades y que se tengan en cuenta factores específicos como son las características de la población, dispersión geográfica y la baja densidad para el reparto de los fondos.
