Impulsar el Diálogo, la Cooperación y el Acuerdo
Promoveremos la simplificación de los procedimientos que exige la normativa europea.
El Gobierno regional participó, en noviembre de 2019, en el Foro de Subsidiariedad del Comité de las Regiones, en Roma, donde solicitó ampliar los espacios de diálogo para alcanzar más cercanía y eficacia de las políticas europeas, así como la simplificación de los procedimientos y las relaciones con Europa.
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El Gobierno regional participó, en noviembre de 2019, en el Foro de Subsidiariedad del Comité de las Regiones, en Roma, donde solicitó ampliar los espacios de diálogo para alcanzar más cercanía y eficacia de las políticas europeas, así como la simplificación de los procedimientos y las relaciones con Europa.
Para agilizar la gestión de los fondos europeos asignados a Castilla-La Mancha destinados a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia (Fondos Next Generation), el Gobierno regional aprueba la Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación, que facilita la adopción de medidas urgentes para simplificar la gestión económica y presupuestaria, la tramitación de procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones, de adjudicación de contratos y de celebración de convenios vinculados a proyectos y actuaciones financiadas total o parcialmente con dichos fondos europeos, de cara a impulsar su absorción, el crecimiento económico y la creación de empleo. La norma entra en vigor el 1 de julio de 2021.
Por otro lado, para asegurar la transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión de estos fondos se ha creado el Comité Antifraude, cuya función es la de realizar el seguimiento, supervisión y evaluación general de las medidas antifraude, así como la revisión y actualización, comunicación y difusión del Plan de Medidas Antifraude, exigencia de la Unión Europea para ejecutar los Next Generation.
Asimismo, en desarrollo de la Ley se publica el Decreto 102/2022, de 27 de septiembre, por el que se crea la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno para los Fondos Europeos de Recuperación, para el diseño, planificación y seguimiento de las actuaciones vinculadas a los fondos europeos y su financiación.
De la misma forma, se modifica el Decreto de 2020 que regula la Comisión Regional de Coordinación de Fondos de Recuperación, Fondos Estructurales y de Inversión e Instrumentos Financieros Europeos ya que la Ley establece dicha Comisión como órgano encargado de la coordinación de todas las actuaciones a realizar en orden a agilizar la gestión y absorción de los fondos europeos en Castilla-La Mancha.
A fecha septiembre de 2022, a Castilla-La Mancha se le han asignado 1.581 millones de euros de fondos del Plan de Recuperación Next Generation (recibidos ya 1.400 millones de euros). En ejecución de los fondos, la Junta de Comunidades ha convocado, a esa fecha, más de 500 millones de euros en cerca de 120 convocatorias y contratos públicos (42 convocatorias y 76 contratos públicos).
En relación con las nuevas formas de energía, el 28 de julio de 2022 las Cortes de Castilla-La Mancha aprueban la Ley 7/2022, de 29 de julio, de Medidas para la Agilización Administrativa de los Proyectos de Energías Renovables, por la que se adoptan medidas urgentes de carácter temporal para la agilización de los proyectos de energías renovables con la finalidad de acelerar la descarbonización y reducir la dependencia energética, dando respuesta así a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
Respecto a la simplificación de procedimientos en la normativa europea, es preciso hablar de la futura normativa de Indicaciones Geográficas Industriales y Artesanales (IGIAS) y la reivindicación que está realizando el Gobierno regional ante la UE desde 2015 en relación a una tramitación simple y lo menos costosa posible para acceder al sello IGP artesano.
Por otra parte, se ha publicado una resolución por la cual se establecen las flexibilizaciones de los llamados “eco-esquemas”, con el objetivo de simplificar en la medida de lo posible los mismos en virtud de los requerimientos de la nueva Política Agraria Común.