Castilla-La Mancha realizó un importante esfuerzo en el periodo 2015-2019 con el incremento del presupuesto destinado a la Red Pública de atención a personas con discapacidad, a través de la convocatoria de ayudas, la puesta en marcha de nuevos recursos, así como la ampliación de las plazas destinadas a centros y servicios para la atención y apoyo de las personas con discapacidad y sus familias.
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Castilla-La Mancha realizó un importante esfuerzo en el periodo 2015-2019 con el incremento del presupuesto destinado a la Red Pública de atención a personas con discapacidad, a través de la convocatoria de ayudas, la puesta en marcha de nuevos recursos, así como la ampliación de las plazas destinadas a centros y servicios para la atención y apoyo de las personas con discapacidad y sus familias.
Cada día, más de dos mil profesionales trabajan para atender a las más de diez mil personas con discapacidad en Castilla-La Mancha. En la región existen más de 250 recursos para ello y en el periodo mencionado, más de 200 profesionales se incorporaron para llevar a cabo esta tarea.
En este esfuerzo, tiene una importancia fundamental la labor que realiza el movimiento asociativo de la discapacidad en la gestión de los servicios de esta red pública. Por este motivo, el Gobierno regional firmó con el Comité de Representantes de las Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha (CERMI-CLM) el 23 de julio de 2019 un acuerdo de colaboración para la mejora del modelo de atención a la discapacidad en la región, que añade estabilidad laboral a las plantillas de los servicios llevados a cabo por las asociaciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad y sus familias.
En febrero de 2020, las Cortes Regionales aprobaron por unanimidad la Ley 1/2020, del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, elaborada y desarrollada de la mano de los colectivos y entidades sociales que trabajan para mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad. La región es la cuarta en disponer de una normativa propia sobre el tercer sector. Como desarrollo normativo de esta ley, en febrero de 2021, se constituyó la Comisión del Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector Social, mecanismo destinado a dotar de un marco institucional a la colaboración y diálogo entre la Administración autonómica y la Mesa del Tercer Sector Social en la prestación de servicios públicos de calidad. En noviembre de 2021 se produce una nueva reunión de la Comisión, que aprueba su reglamento de régimen interno, fruto del primer grupo de trabajo creado en este órgano, y constituye un segundo grupo para elaborar el Inventario de Entidades del Tercer Sector.
Por otro lado, hay que destacar que los presupuestos de la Junta para 2020 incluyen la reserva de al menos el 10 por ciento del total del importe que se destina a la contratación de servicios, suministros y gestión de servicios públicos a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción laboral de Castilla-La Mancha. Un porcentaje que se mantiene en los presupuestos de 2021 y 2022.
El 15 de diciembre de 2021 el presidente de Castilla-La Mancha firma con los agentes sociales el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla-La Mancha 2021-2024, manteniendo su compromiso con la continuidad de las políticas de desarrollo, en el marco de la concertación y el diálogo social, adaptándose a las circunstancias motivadas por la pandemia. En la elaboración de esta nueva estrategia de reactivación económica han participado organizaciones sociales de la región como CERMI, ONCE, Cáritas, Cruz Roja, EAPN, la Coordinadora de ONG o la Plataforma de organizaciones de la Infancia, entre otras.
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