Castilla-La Mancha cuenta con un potente sector agroalimentario y muchos de sus productos se encuentran protegidos por figuras de calidad. Es imprescindible garantizar la trazabilidad del producto y evitar fraudes. La Junta de Comunidades cuenta con una plantilla de inspección de 30 personas, que realizan entre 1.000 y 1.500 controles anuales. Desde 2019 se han habilitado 10 nuevas plazas de… LEER MÁS +
Castilla-La Mancha cuenta con un potente sector agroalimentario y muchos de sus productos se encuentran protegidos por figuras de calidad. Es imprescindible garantizar la trazabilidad del producto y evitar fraudes. La Junta de Comunidades cuenta con una plantilla de inspección de 30 personas, que realizan entre 1.000 y 1.500 controles anuales. Desde 2019 se han habilitado 10 nuevas plazas de inspectores e inspectoras en materia de calidad agroalimentaria, que tienen la consideración de agentes de la autoridad y pueden acceder a los locales e instalaciones, a los vehículos utilizados para el transporte de las mercancías y a la documentación industrial o contable de las empresas sujetas a inspección.
En el caso del vino, el control de la trazabilidad del producto está garantizado a través del Plan de Control de la Trazabilidad del Vino que cuenta con un compromiso cada vez mayor del sector. Este plan establece en 3 niveles de control: en bodegas e industria elaboradora, de productos vínicos vinculados a un origen geográfico y sobre las declaraciones del sector vitivinícola.
En el caso del aceite, existe un convenio con la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para la realización de los controles del Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (aceite de oliva y aceitunas de mesa) desde abril de 2018.
El 23 de diciembre de 2020 se publica el Programa de inspecciones de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios de Castilla-La Mancha para el año 2021.
El 9 de julio de 2021 se publicó la Orden 103/2021 por la que se establecen las normas de actuación en relación con determinadas funciones relativas al órgano de gestión de la Denominación de Origen Valdepeñas. Entre otras cuestiones, en ella se establecen las normas de actuación en lo relativo a la expedición y entrega de contraetiquetas o precintas. Estas distinciones son la garantía de la calidad del vino para la persona consumidora.
El 5 de noviembre de 2022 se publica la Ley de la Viña y del Vino que establece como uno de sus objetivos promover la calidad, el control y la trazabilidad de las producciones vitivinícolas como elemento esencial para su correcto desarrollo y debe controlarse que la producción y elaboración de los productos se efectúan de acuerdo con los requisitos establecidos. Salvaguardar la imagen del sector y del territorio es clave para valorizar los productos agroalimentarios que cumplen con las normas. El título V «Del control y de la trazabilidad» se divide en 3 capítulos:
- Controles oficiales que se realizan a cualquier producto vitivinícola.
- Regula las especificidades del sector, como los documentos de acompañamiento, los registros de los operadores, los análisis para el control de vinos y el control de los productos sin indicación geográfica con indicación del año de la cosecha o de la variedad de uva.
- Registro de embotelladores y envasadores de vinos.
El Gobierno regional apuesta por la tecnología "blockchain" para que, a través de un código QR, la persona consumidora pueda saberlo todo del vino que va a consumir. En el proyecto participan la Consejería de Agricultura, el Parque Científico y Tecnológico (PCTCLM) y la Universidad (UCLM).
Un elemento principal para garantizar la trazabilidad de los productos agroalimentarios es garantizar la sanidad animal, donde destacan:
- Orden 58/2021 de actividades de formación en bienestar animal, bioseguridad, higiene y sanidad animal
- Ayudas para la repoblación en explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino en caso de vaciado sanitario; las de ejecución de los programas nacionales de erradicación de enfermedades animales (PNEEA) y zootécnico-sanitarios
- Orden 81/2022 de ayudas destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado.
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