Economía Productiva X Legislatura (2019-2023)

El Plan Adelante 2016-2020 contemplaba, en la mejora del acceso de las empresas a la financiación, medidas de acción positiva en los límites a financiar para proyectos promovidos por mujeres, personas con discapacidad, desempleadas de larga duración o mayores de 50, al tiempo que mejores condiciones en la concesión de préstamos y avales para los puestos en marcha en las zonas de estímulo económico preferente y las zonas con riesgo de despoblación, pudiendo llegar la financiación hasta el 90% de la inversión del proyecto. Así lo mantiene el Plan Adelante 2020-2023, que pretende adaptarse a las circunstancias concretas de la ciudadanía y del territorio. A 1 de agosto de 2022, se ha concedido financiación a 70 proyectos en territorios con problemas de despoblación.

En este sentido, la Ley 2/2021, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha prevé incrementos en las cuantías de las ayudas y subvenciones para los proyectos ubicados en zonas despobladas, así como instrumentos financieros específicos.

Además, en su disposición adicional primera, la Ley crea un fondo para el apoyo financiero a proyectos empresariales en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación con una dotación inicial de 10 millones de euros. Así, el Instituto de Finanzas aprobó el 12 de julio de 2021 el Programa RETO D, una nueva línea de financiación dirigida al respaldo de inversiones y de circulante para las pymes y personas autónomas de los entornos rurales de la región dotada con 5,5 millones de euros, que forma parte de los 10 millones de euros previstos por la Ley. A su vez, SODICAMAN ha lanzado el Programa RETO D Participativo dotado con 2,5 millones de euros y dirigido a empresas con personalidad jurídica y Aval Castilla-La Mancha, S.G.R. gestiona la línea de avales RETO D que está dotada con 2 millones de euros.

Por otro lado, y para combatir estos problemas de desigualdad territorial y entre las personas, se desarrollan Planes de Empleo con especial atención a mujeres y a las zonas rurales. Es el caso del Plan de Empleo por la Igualdad de 2019, para mujeres víctimas de la violencia de género y de municipios rurales de menos de 5.000 habitantes, con 5 millones de euros y cerca de 700 mujeres beneficiadas.

O el Plan de Empleo 2019, en el que tenían prioridad de acceso las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, las personas desempleadas, especialmente las de larga duración, así como quienes se encuentren en situación de exclusión social, las mujeres víctimas de violencia de género, para quienes se reserva un mínimo del 15% de los contratos. Un programa que benefició a más de 7.700 personas y que el Gobierno regional reedito en mayo de 2021 y julio de 2022 con un total de 196 millones de euros, con una mirada especial hacia los grupos más vulnerables ya que reserva dentro del 25 % de personas vulnerables un 7% a las personas con discapacidad y un 55% a las mujeres.

También son ejemplo de la apuesta por reducir las desigualdades las ayudas para impulsar el empleo de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, publicadas en marzo de 2021 con 1,35 millones de euros. Ayudas que cuentan con cuatro ejes de actuación: incentivos a la contratación indefinida, transformación de contratos temporales en indefinidos (ayudas de 5.500 euros en caso de hombres y 6.000 euros en el de mujeres), incentivos a la contratación de personas procedentes de enclaves laborales y de centros especiales de empleo (8.000 euros en caso de hombres y 8.500 euros en el de mujeres), y la adaptación de puestos de trabajo, 950 euros.

En cuanto a las personas mayores de 50, el Programa +52 se ha reeditado con 2 convocatorias más 2020 y 2021 y un presupuesto total de 9,9 millones de euros, con el que se persigue incrementar las rentas familiares, evitar el riesgo de pobreza y la exclusión social y facilitar la jubilación.