El Gobierno regional está trabajando en una reforma integral de la normativa urbanística de la región. El primer paso dado en este sentido fue la modificación de la Instrucción Técnica de Planeamiento (ITP), aprobada y publicada en enero de 2020.
Con esta instrucción se persigue facilitar y fomentar el desarrollo económico y la creación de empleo y oportunidades en las zonas rurales. Se… LEER MÁS +
El Gobierno regional está trabajando en una reforma integral de la normativa urbanística de la región. El primer paso dado en este sentido fue la modificación de la Instrucción Técnica de Planeamiento (ITP), aprobada y publicada en enero de 2020.
Con esta instrucción se persigue facilitar y fomentar el desarrollo económico y la creación de empleo y oportunidades en las zonas rurales. Se introducen medidas que facilitan la implantación de actividades productivas en suelo rústico tales como el aumento del porcentaje de ocupación en determinados usos con excepción del residencial o, la disminución de la parcela mínima en el supuesto de usos y actividades vinculados al sector primario que se desarrollen en parcelas de regadío. Asimismo, respecto a usos primarios, se aumenta la superficie ocupada por la edificación hasta el 20% de la superficie total de la finca y, en el caso de que se planteen construcciones tales como balsas de riego o purines, invernaderos, piscifactorías, solados, mallas de sombreo u otro tipo de instalaciones, la superficie ocupada por las mismas sumada a la de la edificación puede llegar hasta el 80% de la superficie total de la finca.
La crisis provocada por el covid-19 ha llevado al Gobierno regional a firmar, el 3 de junio de 2020, un Pacto por la reconstrucción de Castilla-La Mancha con el Partido Socialista (PSOE) y Ciudadanos (C´s), dotado con más de 1.000 millones de euros.
El acuerdo alcanzado recoge una serie de innovaciones legislativas en materia urbanística, que se han visto plasmadas en la Ley 1/2021, de 12 de febrero, de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas (Ley SUMA). La Ley SUMA plantea la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU), con el objetivo primordial de agilizar la tramitación de los proyectos urbanísticos y de impulsar el desarrollo económico de las zonas rurales y del conjunto de la región como una estrategia de respuesta frente a la amenaza de crisis económica motivada por el covid-19.
Por otro lado, la Ley 5/2020, de 24 de julio, de medidas urgentes para la declaración de proyectos prioritarios, aprobada por unanimidad en las Cortes, agiliza los procedimientos administrativos y reduce prácticamente a la mitad la tramitación de los proyectos considerados prioritarios para el desarrollo económico de la región. Además, contempla la flexibilización de la Instrucción Técnica de Planeamiento para que las empresas puedan superar el porcentaje máximo de ocupación del suelo rústico, facilitando así su expansión y crecimiento.
A su vez, el Gobierno de Castilla-La Mancha continúa trabajando en la redacción de la Ley del Paisaje, cuyo anteproyecto ha pasado el trámite de consulta pública previa, así como en la reforma de la Ley del Suelo, habiéndose adjudicado ya el contrato para comenzar su redacción.
LEER MENOS - 
