El Gobierno de Castilla-La Mancha, para evitar una mayor gravedad de las consecuencias económicas de la pandemia sanitaria, decidió adelantar una gran parte de las reformas de calado económico que estaban proyectadas para llevar a cabo en materia urbanística a lo largo de la legislatura. La Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas, conocida como Ley SUMA, fue incluida en el pacto que alcanzó el Gobierno de Castilla-La Mancha con el Partido Socialista y Ciudadanos para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia.
Las reformas que se han anticipado como respuesta a la crisis del covid-19 se recogen en la Ley SUMA, que contempla entre otras un cambio legislativo con respecto a los Planes de Ordenación del Territorio para facilitar el desarrollo de los mismos. Con la ley SUMA, en su artículo 5 se modifica el artículo 17 de la LOTAU, de tal manera que se hace una definición más precisa de los POT, permitiendo que se puedan realizar para la totalidad de la región o bien en zonas concretas del territorio con un peculiar interés en tener este tipo de herramientas urbanísticas.
Una vez elaborado el texto definitivo, el 5 de noviembre de 2020 la Ley SUMA fue llevada a las Cortes para su toma en consideración por parte de los grupos parlamentarios, contando con la unanimidad de los tres grupos políticos presentes en la cámara.
A su vez, el 18 de enero de 2021 se debatieron las enmiendas presentadas por los grupos políticos al texto. El Partido Socialista y Ciudadanos, que son los partidos políticos que han acordado la redacción del texto normativo y han trabajado en su elaboración, presentaron cinco enmiendas al texto de forma conjunta, mientras que el Partido Popular, que optó por no formar parte del acuerdo, presentó 22. En total, de las 27 enmiendas presentadas, fueron aceptadas 17 del Partido Popular y las cinco presentadas por los grupos del PSOE y Ciudadanos.
Finalmente, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron el texto definitivo de la Ley SUMA el 11 de febrero de 2021, con el voto a favor de los grupos parlamentarios del PSOE y de Ciudadanos. La Ley se publicó el 25 de febrero de 2021 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
