Sostenibilidad X Legislatura (2019-2023)

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas expresó, durante la Comisión de Economía y Presupuestos celebrada el 20 de septiembre de 2019, el compromiso del Gobierno regional por llevar a cabo una contratación pública socialmente responsable, inclusiva y sostenible, continuando así la línea iniciada en la anterior legislatura de promover, en este ámbito, la estabilidad en el empleo y la inserción laboral de las personas con discapacidad, potenciar la seguridad y salud laboral, promocionar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y fomentar el empleo de las personas en situación de exclusión social.

Recordamos que este compromiso se materializó entre 2016-2019 en la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública y la firma de un nuevo acuerdo de estabilidad en el empleo para los más de 30.000 trabajadores que prestan servicios a la Administración a través de las empresas privadas.

Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha firmó, en julio de 2019, un acuerdo de colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para la mejora de la atención a la discapacidad, mediante el que se pretende añadir estabilidad al movimiento asociativo de la discapacidad en relación al convenio laboral a nivel nacional que establece unos incrementos de costes laborales próximos al 10%, que se añaden a la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

El Decreto 78/2020, que modifica el Decreto 74/2018, que regula la Oficina de contratación de la Junta y el sistema de contratación centralizada, establece que el titular de Hacienda en el ejercicio de sus funciones de coordinación de la contratación del sector público regional es el encargado de proponer al Consejo de Gobierno la aprobación de instrucciones y acuerdos en materia de cláusulas sociales, de perspectiva de género y medioambientales en la contratación del sector público regional, así como de reserva de contratos a Centros Especiales de Empleo y a empresas de inserción.

En este sentido, se está impulsando un modelo de contratación pública ecológica y sostenible que favorece el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y del marco legal resultante de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, abogando también por la utilización de la actividad contractual pública regional como instrumento para implementar planes y estrategias en materia social y medioambiental. La Estrategia de Economía Circular de Castilla-La Mancha aprobada en marzo de 2021 promueve la contratación pública verde y responsable.

La inclusión de criterios sociales, medioambientales y de apoyo a la economía local se incorpora en todos los contratos del sector público regional, siempre que se encuentren vinculados a su objeto, con el propósito de incentivar la economía local y el empleo, con especial incidencia en las iniciativas emprendidas por mujeres y jóvenes.

Asimismo, en los contratos de suministros de alimentos y de servicios de comedor y restauración, se recogen criterios de adjudicación que fomenten la utilización de productos locales, ecológicos y frescos, así como productos de denominación de origen protegida.

Por otro lado, en los contratos de obras, de servicios y suministros cuyas características específicas lo permitan, se incentiva la economía local mediante la inclusión en los criterios de adjudicación de etiquetas acreditativas del cumplimiento de determinados requisitos de tipo social o medioambiental, como las relacionadas con la agricultura o la ganadería ecológicas.

El Gobierno regional continúa con su compromiso por llevar a cabo una contratación pública socialmente responsable e inclusiva y de este modo se han incorporado criterios de adjudicación y obligaciones de carácter social en diversos Acuerdos Marco, como en el relativo a mantenimiento de edificios públicos, en el de suministro de papel ecológico para impresión y escritura y en el relacionado con servicios de limpieza ecológica de los edificios e instalaciones de la Administración regional.

También el servicio de contratación centralizada de seguridad y vigilancia de edificios de la Junta incorpora clausulas en este sentido así como obligaciones de carácter social que deben ser cumplidas por las empresas adjudicatarias del mismo.

Por último, se incide en estos principios con la Ley de medidas frente a la despoblación en Castilla-La Mancha, que recoge la utilización de la contratación pública como instrumento para promover el desarrollo territorial equilibrado de las comunidades rurales mediante el apoyo a las actividades socioeconómicas y el aprovechamiento sostenible de los recursos disponibles.

La última medida llevada a cabo, en abril de 2023, es la creación de la Oficina de Evaluación Financiera de Castilla-La Mancha para analizar la sostenibilidad de los contratos públicos de concesión de obras y de servicios, que requieren informes preceptivos y que conllevan condiciones especiales de ejecución, especialmente cuando están cofinanciados con Fondos Europeos.