El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando en un proyecto piloto para la puesta en marcha de la ‘Oficina de Vivienda’ en tres municipios, todos ellos en el medio rural, para dar una solución a la falta de disponibilidad de inmuebles en alquiler en estos territorios.
Un programa experimental que se va a llevar a cabo a través de la empresa pública GICAMAN, dependiente de la Consejería de Fomento, para ofrecer una respuesta llave en mano a las personas propietarias de inmuebles en desuso en municipios rurales, de tal manera que se gestione el alquiler, los seguros de impagos, los seguros por desperfectos e, incluso, si es necesario, se rehabilite la vivienda con la condición que sea puesta a disposición de quienes la necesitan.
Por otro lado, en 2026, se produce una convocatoria de expresiones de interés, dirigida a ayuntamientos de municipios afectados por despoblación, con el fin de cuantificar el número de viviendas que podrían acogerse al programa ‘Moviliza tu vivienda rural’ para aumentar el parque inmobiliario destinado a los alquileres sociales en municipios afectados por despoblación. Esto indica la creación de una 'Bolsa Rural de Vivienda' en Castilla-La Mancha. El plazo que tienen los ayuntamientos para adherirse es hasta el 8 de julio de 2026.
Este programa surge para responder al aumento de población en zonas rurales, donde suman 4.700 habitantes más desde 2021, y que ha supuesto que la demanda de vivienda en estos territorios aumente.
El programa 'Moviliza tu vivienda rural' contempla ayudas de hasta 12.000 euros destinadas a las personas propietarias de las viviendas para su rehabilitación y equipamiento, incorporándolas al mercado del alquiler mediante una cesión durante un periodo de siete años. Una vez formalizado el arrendamiento, las personas propietarias reciben, además de la correspondiente renta de alquiler, una ayuda mensual de hasta 600 euros. Asimismo, al finalizar el periodo de cesión, se accede a una subvención adicional de hasta 18.000 euros por vivienda, destinada a financiar hasta el 100 % de los gastos derivados de las obras y actuaciones necesarias para restituir el inmueble a las mismas condiciones en las que fue entregado para su arrendamiento.
