La Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha fue aprobada el 5 de mayo de 2022, con el objeto de garantizar la igualdad de las personas lesbianas, gais, transexuales o trans, bisexuales e intersexuales, así como la de otras personas que por su orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, diferencias en el desarrollo sexual o pertenencia a familias LGTBI puedan sufrir discriminación en Castilla-La Mancha, a través de la adopción de medidas, en cualquier etapa de la vida y en los ámbitos social, familiar, sanitario, educativo, cultural, deportivo, laboral, comunicativo, de la protección ciudadana y de la cooperación internacional en Castilla-La Mancha.
Con el proyecto de Decreto se pretende desarrollar la Ley 5/2022, de 6 de mayo, dando con ello cumplimiento al mandato que dirige al Consejo de Gobierno la disposición final tercera de la citada ley, para que apruebe el desarrollo reglamentario de las siguientes materias: objeto y ámbito de aplicación que guían la actuación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en esta materia, la composición, estructura y régimen de funcionamiento del Consejo LGTBI de Castilla-La Mancha, la estructura y funcionamiento de la Comisión de Diversidad en materia LGTBI, la regulación de los protocolos de atención a la infancia y la adolescencia LGTBI, a las personas mayores LGTBI, a las personas LGTBI víctimas de delitos de odio y los protocolos de lucha contra el acoso y ciberacoso en el ámbito educativo o sanitario, así como políticas en el ámbito del empleo y las empresas, el tratamiento administrativo de la identidad sexual y la heterogeneidad del hecho familiar y la regulación del régimen sancionador, así como los órganos competentes en el marco de dicho procedimiento.
La finalidad de la norma pasa por dar cumplimiento a las previsiones establecidas en la Ley 5/2022, de 6 de mayo, de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha para reforzar y garantizar la igualdad de trato y de oportunidades de las personas LGTBI, dotando de un instrumento jurídico que ayude a combatir la discriminación por razón de orientación o identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual o pertenencia a familias LGTBI.
Desde el 5 hasta el 19 de octubre de 2022 se realizó la consulta pública previa, dando como resultado la recepción de 1.198 formularios de recogida de datos, donde el 91,47 por ciento de participantes han visto totalmente necesaria la necesidad y oportunidad de su aprobación.
Al mismo tiempo, el artículo 22 habla de la elaboración del Plan Estratégico de Políticas Públicas LGTBI para la coordinación y atención de la diversidad sexual, en el que se está trabajando para su aprobación por el Consejo de Gobierno y que constituya el instrumento del que se valgan las Administraciones Públicas para el desarrollo de medidas y actuaciones previstas en la ley con la finalidad de garantizar los derechos de las personas LGTBI en todo el territorio.