Uno de los objetivos del Gobierno de Castilla-La Mancha es facilitar el acceso a la vivienda de protección pública a familias y personas inscritas en el Registro de Demandantes, en especial a aquellas que tienen más dificultades, como es el caso de las familias más jóvenes.
En este sentido, en septiembre de 2021 se entregan las llaves de 27 viviendas de protección pública a familias de Talavera de la Reina, entre las que se encuentran varias familias jóvenes. Otro ejemplo son las 41 viviendas de protección oficial adjudicadas en la provincia de Cuenca entre 2019 y 2023. O las 34 viviendas sociales en régimen de alquiler adjudicadas en la provincia de Guadalajara en diciembre de 2021.
El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando en la redacción de un nuevo decreto por el que se regula el Reglamento del Registro de demandantes de vivienda. El objetivo es adaptar la normativa de 2013 a las circunstancias del mercado de vivienda actual, mejorar la gestión de expedientes acotando la zona y medio de acceso a la vivienda por parte de la persona interesada y seleccionando solicitantes que tengan un mínimo de ingresos que les permitan asumir obligaciones, al tiempo que facilitar el acceso a la vivienda a personas que al no encontrarse en grupos preferentes quedan excluidas en la adjudicación. El decreto pasa el trámite de consulta pública previa en marzo de 2021, en el que se reciben dos aportaciones y se encuentra en proceso de redacción.
Por otro lado, en marzo de 2023 el presidente García-Page presentó el Plan 10.000 a través del cual se pretenden construir 10.000 viviendas en la región en los próximos años en base a la colaboración público-privada. No se trata de vivienda de promoción pública en la que la Junta de Comunidades es la propietaria, sino que en este caso el Gobierno regional, junto a la administración local, incentiva la construcción de vivienda a precios asequibles concediendo ayudas a la promoción y facilitando la adquisición de suelo de la mano de los ayuntamientos. No es una política sustitutiva del parque público de vivienda, sino una medida complementaria que viene a abordar una dificultad existente en zonas tensionadas: la dificultad de personas con ingresos para el acceso a la vivienda en zonas tensionadas con altos precios en materia de vivienda, tanto en alquiler como en compraventa.
